Es curioso cómo, cada vez que ocurre un gran acontecimiento, el mundo entero se gradúa de experto en cuestión de horas. Durante la pandemia todos éramos epidemiólogos; cuando erupcionó el volcán de La Palma, nos descubrimos geólogos; y ahora, cuando Venezuela vuelve al centro del debate internacional, abundan los especialistas improvisados en derecho internacional, geopolítica energética y moral universal. Opinamos con la ligereza de quien no paga el precio. Y ese es, precisamente, el problema.
Porque entre un mal y un mal mucho mayor, hay momentos en los que elegir no es un ejercicio de pureza, sino de responsabilidad. Y yo, sin rodeos, elijo el mal menor cuando la alternativa es perpetuar una dictadura que lleva un cuarto de siglo devastando a un país entero.
Desde Europa —y especialmente desde la comodidad de España— resulta sencillo indignarse por el petróleo, por las sanciones, por las «formas» de una presión internacional liderada por Donald Trump. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿tenemos el mismo derecho a pontificar quienes no somos venezolanos que quienes llevan años pagando con su libertad, su hambre o su exilio las consecuencias del régimen? Opinar, claro que se puede. Pero convendría escuchar antes de sentenciar.
Porque mientras aquí algunos se rasgan las vestiduras por unos barriles de crudo que no son suyos, en Venezuela hay periodistas encarcelados durante años por contar lo que pasa, presos políticos torturados en mazmorras, familias separadas y millones de personas obligadas a huir. Treinta millones de vidas condicionadas. Miles de familias rotas. Decenas de miles de víctimas mortales a manos de la dictadura. Y aun así, el debate en ciertos círculos occidentales sigue girando en torno a si «les van a quitar el petróleo».
No sufran por el petróleo ajeno. No sufran por un recurso que no les llega ni a los venezolanos, que llevan años sin gas para cocinar y sin gasolina para echar a los coches en el país con mayores reservas del mundo. No sufran ahora quienes callaron cuando Cuba, Rusia o China se beneficiaban del petróleo venezolano mientras la población se empobrecía hasta extremos inhumanos. La hipocresía no puede seguir disfrazándose de superioridad moral.
Venezuela no necesita tutelas ideológicas desde fuera. No necesita que nadie le explique el coste de una intervención política o internacional: los venezolanos conocen ese coste mejor que nadie. Lo que piden es respeto a su voluntad democrática. El 28 de julio, Edmundo González fue elegido presidente. Nicolás Maduro se robó las elecciones. Y hoy enfrenta cargos como corresponde a un dictador. Lo demás son excusas.
Quienes critican con furia la actuación de Trump harían bien en responder a una pregunta básica: ¿qué alternativa real proponen para terminar con una dictadura criminal? Porque lo que no es aceptable es condenar cualquier presión externa mientras se normaliza un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad. Si te molestan más las formas de derrocar una dictadura que la dictadura en sí misma, quizá necesites evaluar tus valores.
Los hechos, además, no son una opinión. Numerosos informes internacionales avalan los crímenes del régimen de Maduro: la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU; el conocido «Informe Bachelet» del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; Human Rights Watch en sus World Reports; la Organización de Estados Americanos; y múltiples estudios académicos e informes independientes. Todos ellos relatan un mismo patrón: represión política sistemática contra opositores y manifestantes; torturas; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; ejecuciones extrajudiciales; crisis humanitaria con hambre y falta de medicamentos; persecución judicial y mediática; debilitamiento del Estado de derecho; redes de narcotráfico y corrupción institucional; impunidad estructural. Y aun así, hay quienes tratan como legítimo a un Estado criminal funcional.
Y a cierta izquierda europea convendría pedirle, con franqueza, un ejercicio de honestidad. Si van a citar el derecho internacional, que lo hagan completo, incluyendo el derecho de los pueblos a no vivir bajo tiranías.
En definitiva, defender la actuación de Trump en Venezuela no es defender a Trump como persona ni abrazar una ideología concreta. Es reconocer que, ante un régimen que asesina, tortura y encarcela, la inacción también es una forma de complicidad. Y que a veces, guste o no, la presión externa es la única palanca que queda. Y no nos olvidemos: estamos hablando de millones de personas.