El PSOE nacional está haciendo tantas cosas injustificables que, a veces, hasta parecen irreales. Personalmente, me cuesta reconocer en estas siglas, tan decisivas en la historia política española, al partido que durante años representaron.
Hace unos días coincidí con Eduardo Madina y lo único que fui capaz de decirle fue: «por favor, salvad al PSOE». No contaré aquí cómo transcurrió la conversación, pero sí puedo decir que me quedó clara una sensación compartida: una preocupación profunda y generalizada.
Hay decisiones políticas que no se explican solo por cifras, sino por lo que revelan sobre la identidad de quien las impulsa. El nuevo modelo de financiación autonómica, presentado bajo la falacia complaciente de «nadie pierde y todos ganan», no es únicamente una cuestión técnica: es un síntoma preocupante de hasta qué punto el discurso socialista se ha ido vaciando de contenido.
Un partido que se define como socialista debería asumir sin complejos que la redistribución implica conflicto, elección y renuncia. No todo el mundo puede ganar siempre. Fingir lo contrario no es progresismo: es retórica de mercado. Cuando se afirma que nadie pierde, lo que se hace es ocultar quién asume el coste real del modelo y desde dónde se detraen los recursos. Por si no estuviera claro, basta escuchar las explicaciones confusas de la ministra de Economía para comprobarlo. .
El Estado no es una entelequia. Es el instrumento que permite garantizar igualdad de oportunidades, cohesión territorial y políticas públicas de alcance general. Si se debilita su capacidad financiera en favor de acuerdos bilaterales o soluciones ad hoc, lo que se erosiona no es solo una contabilidad, sino una idea de país basada en la solidaridad interterritorial y social.
Aquí se produce la fractura ideológica. Un socialismo coherente defiende que quien más tiene, más aporta; que los recursos comunes se orientan prioritariamente a corregir desigualdades estructurales; y que la política fiscal es una herramienta de justicia, no de equilibrio narrativo. Cuando estas premisas desaparecen del debate público, el socialismo deja de ser reconocible.
En este contexto se impone un término reciente: la «ordinalidad». En apariencia, pretende garantizar que cada comunidad reciba en función de lo que necesita. Sin embargo, en la práctica opera como un blindaje específico para Cataluña, al margen de lo que ocurra en el resto del país. Ya no se trata del principio solidario según el cual quien más aporta, más contribuye y quien más necesita, más recibe, sino de una lógica de excepción que rompe el marco común.
El riesgo no es únicamente económico; es, sobre todo, moral. Cuando el socialismo deja de nombrar la desigualdad, evita explicar con claridad quién paga y quién se beneficia, y sustituye los principios por consignas tranquilizadoras, deja de ser un proyecto transformador para convertirse en mera administración del presente. Y cuando eso ocurre, no sólo pierde coherencia el partido: se debilita también la confianza de una ciudadanía que aún cree en la política como herramienta de justicia.