Cuando se produjo el crack bancario de 2008, el fondo buitre estadounidense Cerberus compró miles de pisos a precio de saldo que habían pertenecido a familias que fueron desahuciadas. Desde entonces los han explotado en el mercado, cada vez más lucrativo, del alquiler y en los casi veinte años transcurridos han cubierto gastos y obtenido algún beneficio. Ahora, solo en Valencia, ponen en venta medio millar de esas viviendas, naturalmente a precio de mercado. Las ganancias serán astronómicas, porque es todo rentabilidad. La maniobra puede ser cuestionable desde el punto de vista moral, pero allá cada cual con su conciencia. Lo que no se puede admitir es que, desde el Partido Socialista, se proponga que sea el ayuntamiento valenciano el que compre ese stock para destinarlo a vivienda social.
Es decir, avalar desde el Estado la infame maniobra de despojar a sus propietarios legítimos de sus viviendas sin alternativa en un momento de crisis, para después adquirir esos mismos pisos a un precio irreal y destinarlos a otras familias vulnerables. Todo pagado por los contribuyentes, porque ni el consistorio valenciano ni ninguna otra institución pública genera ingresos. La jugada es maestra para el fondo buitre y, una vez más, la respuesta de la administración es que paguemos el pato nosotros. Lo de toda la vida: privatizar ganancias y socializar pérdidas. Si tan socialistas son, o así se llaman, lo que deberían proponer es nacionalizar ese parque inmobiliario -a los inquilinos ya los habrán echado, el fondo buitre ya ha rentabilizado la compra-chollo y el banco ya se ha quitado de encima sus activos tóxicos- y con él llevar a cabo la política de vivienda social que han olvidado durante décadas.