Hay pocas dudas de que a la presidenta del Govern, Marga Prohens, no le ha gustado el anuncio de regulación de inmigrantes aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Desde la primera reacción oficial de su Ejecutivo –por boca del director general de Inmigración, Manuel Pavón–, la presidenta balear ha insistido en que reportará más perjuicios que beneficios y ya ha apuntado que en cuanto el acuerdo se publique –no había sido publicado cuando aludió a este asunto– recurriría a la vía legal. Igual que hizo cuando se aprobó el proceso de acogida de menores migrantes no acompañados. Prohens, en este asunto, no se aparta un milímetro de la posición oficial de su partido, el PP, expresada por Feijóo pese a que antes, este, presidiera una comunidad marcada por la emigración, Galicia, y que el Gobierno de Aznar ya aprobó en su momento un proceso regulador. Es cierto que, Vox no tenía protagonismo alguno en la política y que el presidente del Gobierno había llegado a acuerdos con PNV y CiU para lograr la investidura que terminó con los gobiernos socialistas.
Prohens abordó el asunto, el de la regulación (indicó que favorecería el efecto llamada y que afectaría a la gente que ya está viviendo en Balears, una comunidad muy afectada por la crisis de la vivienda y con capacidad limitada) prácticamente recién regresada de Fitur, la feria que Balears aprovecha para promocionarse como destino. No sólo el Govern mostró sus propuestas (desde la «sostenibilidad» y la «apuesta por la calidad frente a la cantidad»); también aprovecharon ese escaparate el Consell y ayuntamientos como el de Palma y Calvià. Ese día, la izquierda insistió en que es difícil compatibilizar ambos discursos. Partidos como el PI, en su nueva marca de Coalició per Mallorca, también expusieron el aquí no cabe más gente para oponerse a la regulación. El informe de 2025 del Fòrum de la Societat Civil apunta a que «vamos hacia una Mallorca con 1,5 millones de habitantes en 2050».
La semana, a pocos días del reinicio de la actividad parlamentaria, ha dejado otro asunto: durante el acto de recuerdo al Holocausto nazi –el exterminio de 6 millones de judíos–, la presidenta balear (pero sobre todo el presidente de la comunidad hebrea, Ari Molina) denunciaron una ola de antisemitismo, odio señalamiento y cancelación que también consideraron dirigida a la comunidad xueta.
Posiblemente fue una reflexión hiperbólica que dejó de lado cualquier crítica a la reacción del Gobierno israelí sobre Gaza y que sirvió para cargar en contra de quienes sí la han puesto sobre la mesa.