La discusión del nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) se prolonga. Sería pretensioso por mi parte aspirar a entender todos los detalles del sistema, y creo que para quien no esté directamente interesado hay mejores maneras de pasar el tiempo; pero sí vale la pena comentar algunos aspectos del borrador. Empezaré destacando una frase de la reciente Nota publicada por el Cercle d’Economia de Menorca: «El sistema» dice la nota, «es a todas luces insuficiente». En la discusión sobre el SFA puede ser éste el único enunciado que logre una ovación cerrada de todos los consejeros autonómicos.
Pero no esperemos aplausos del Ministerio de Hacienda. La aportación del Gobierno central aumenta en 21.000 millones, una cifra muy respetable, que obliga a reducir en la misma cantidad el presupuesto del Estado. Si esa reducción no es posible (pensemos en los compromisos con la OTAN y en el mantenimiento de infraestructuras cuya necesidad se acaba de poner de manifiesto) habrá de aumentar nuestra deuda externa, que es ya muy elevada; si eso no es aconsejable, habrá que subir impuestos. De modo que las autonomías habrán de conformarse con esa mayor aportación, esperar que se materialice y no pensar en mayores aportaciones en años venideros.
Eso nos recuerda que el SFA sirve para repartir una cantidad de recursos que está fijada en el momento del reparto, de tal modo que los recursos que van a una autonomía dejan de ir a otra o al Gobierno central. En su origen, esos recursos salen del bolsillo de todos los españoles, y todos tenemos derecho a comprobar que son empleados del mejor modo posible. Por ejemplo, no basta con adoptar unas políticas de empleo para obtener una subvención: hay que demostrar que esas políticas son efectivas, porque el modelo da derecho, no a gastar, sino a gastar bien. Al reparto debe seguir una estricta rendición de cuentas, no sólo en el ámbito de cada autonomía, sino a nivel estatal. Admitamos que el hábito de rendir cuentas está aún en su infancia en nuestro país, y que es indispensable en una buena democracia.
La razón de ser del SFA es contribuir a que los habitantes de cada autonomía puedan gozar de unos servicios adecuados: sanidad y educación son los más importantes. Por eso es lógico que la variable que indique las necesidades de cada una sea la población. Pero cada autonomía tiene sus particularidades, y al recoger esas particularidades llegamos a lo que el modelo llama la «población ajustada»: cada autonomía hace valer las suyas: una está lejos de los grandes centros, el territorio de otra es muy escabroso, la población de una tercera está muy dispersa, y así sucesivamente. Ha de tratarse de deficiencias dictadas por la geografía física y humana de cada comunidad: Menorca es, como dice la nota del Círculo, un territorio pequeño y con escasez de algunos recursos, como el agua. El tamaño y la lejanía de la Península pueden ser tenidos en cuenta. La escasez del agua, por el contrario, es consecuencia del modelo de desarrollo elegido, motor de la prosperidad de la isla durante décadas; y la escasez puede mitigarse, no sólo por la oferta (instalando desaladoras), sino también por la demanda (reduciendo el número de piscinas); en cuanto a la dificultad de contar con personal de primer nivel en algunos servicios, es probable que el precio de la vivienda, consecuencia, una vez más, del modelo de desarrollo, haga que algunos profesionales se instalen en otro lugar. Creo que las deficiencias que la propia autonomía pueda subsanar no deberían ser tomadas en consideración.
En opinión de los expertos, la nueva propuesta de la Administración ofrece avances en algunos aspectos básicos: reduce la desigualdad entre autonomías mejorando la situación de las autonomías peor financiadas, como Valencia, Cataluña o Baleares, aunque no llega a empeorar la de las mejor financiadas, como Cantabria o la Rioja. Mejora la transparencia del modelo, aunque introduce nuevos conceptos de dudosa consideración. A todas luces, es un paso en la buena dirección. El que no sea el último depende de nosotros.