La escena se repite con una obstinación que ya no admite sorpresa: en Balears faltan examinadores de tráfico. Las listas de espera crecen y cientos de jóvenes quedan atrapados en el embudo de la ineficacia administrativa eternizando el momento de acceder al examen que les dé la opción de conseguir el carnet de conducir. Ese ansiado documento es sinónimo de libertad, y también les abre la puerta a la movilidad que exige la vida cotidiana en unas islas donde el coche sigue siendo herramienta de trabajo y de subsistencia, a falta de una red potente de transporte público. La última reposición de efectivos de la Dirección General de Tráfico hace unos meses no soluciona el problema: 6 incorporaciones frente a 10 salidas con una plantilla bajo mínimos; más crítica aún en Menorca e Ibiza. Si el objetivo es frenar el parque móvil para reducir atascos, es una curiosa estrategia, mientras además vacían el bolsillo de los aspirantes ampliando el plazo para incrementar las prácticas en las autoescuelas, a 35 euros la media hora. Rara vez la inversión baja de los mil euros.
El problema de fondo sigue siendo el coste de la vivienda y de la vida en el archipiélago, ante el cual los profesionales destinados huyen a la primera de cambio. Las consecuencias sí son locales y muy concretas. Ocho mil alumnos aguardan su examen práctico, según la Asociación Balear de Autoescuelas. Ocho mil historias suspendidas en el limbo burocrático: contratos que no se firman por falta de carnet, oportunidades laborales que caducan, familias que reorganizan su logística porque el hijo no puede conducir todavía, empresas de reparto o de servicios que no encuentran personal habilitado. La movilidad, ese concepto tan invocado en planes y discursos, se revela aquí como un derecho en espera. Por eso algunos chavales se están yendo a la península a examinarse de la práctica.
Que el Estado trate igual lo desigual no es equidad, es desatención. Las Illes Balears no pueden competir con la península en precios inmobiliarios ni en vivienda pública para funcionarios desplazados. Si la plaza es la misma y el coste vital no, el resultado es previsible: fuga constante. Por eso vuelve a emerger la vieja propuesta de un bolsín específico de examinadores para el archipiélago, con incentivos reales de permanencia.
No se trata de privilegios, sino de ajustar la política pública a la geografía y al mercado real. La Administración tiene la obligación de garantizar el acceso al permiso de conducir en condiciones razonables de plazo. Si el sistema actual produce listas de espera de meses —cuando no de más de un año—, no es que falten alumnos o autoescuelas: faltan decisiones. Y las Islas, una vez más, no pueden seguir esperando en la cola. Y los ciudadanos que quieren conducir no pueden permanecer paralizados.