Con solo leer el titular de una columna de opinión publicada en «La Vanguardia» el pasado 21 de febrero, el lector puede formarse una idea equivocada y deliberadamente provocadora: «El asturiano que ya posee el 2 % de Menorca».
Menorca vive desde hace tiempo un debate intenso sobre la preservación de su territorio, su paisaje y su modelo de futuro. Ese debate es necesario y saludable, pero también exige una mirada informada, atenta a los matices y cercana a la realidad cotidiana de la isla. La reciente columna firmada por Susana Quadrado sobre la actividad de Víctor Madera ha contribuido a reabrir esa controversia desde una perspectiva que muchos de quienes conocemos el terreno difícilmente reconocemos.
Esta reflexión nace precisamente de ese artículo y pretende aportar contexto desde la observación directa. Todo lo que sigue se refiere exclusivamente a la actuación concreta de Víctor Madera en Menorca y a datos verificables en los llocs que gestiona.
La alusión al ‘DNI asturiano’, introducida por la periodista en el propio titular, convierte la procedencia en una categoría implícita de sospecha y aparta el foco de lo esencial: cómo se interviene en el territorio y cuáles son las consecuencias reales de esas decisiones, cuando en realidad el DNI es español y no existen categorías regionales. Resulta llamativo que esa etiqueta territorial adquiera un peso central cuando el propio Víctor Madera ha sido bien recibido —e incluso premiado— en otros lugares de España por proyectos impulsados por él mismo orientados a la recuperación del patrimonio histórico y rural, iniciativas que han sido valoradas precisamente por su contribución a la conservación del paisaje y de la memoria arquitectónica.
Durante años, numerosas fincas rurales estuvieron disponibles cuando los precios eran mucho más accesibles. No se adquirieron por menorquines por la misma razón por la que se vendieron: la dificultad para mantenerlas y su progresiva falta de sostenibilidad dentro de un modelo agrario en transformación. El deterioro progresivo del patrimonio rural fue una realidad silenciosa. La recuperación respetuosa de casas con historia no debería interpretarse como una amenaza, sino como una forma de preservar aquello que define la identidad menorquina: el paisaje, la arquitectura tradicional y una manera de habitar el campo.
En el caso concreto al que se refiere la opinión de Quadrado, no se ha incrementado ni un metro la edificabilidad. Se han recuperado actividades agrícolas, se mantiene el ganado y a los payeses originales, se han impulsado talleres artesanales y se han rehabilitado kilómetros de muros de piedra seca. Más de trescientas barreras han vuelto a ser de ullastre, sustituyendo elementos metálicos ajenos al entorno tradicional. Algunas fincas con licencia de habitaciones han reducido su capacidad a menos de la mitad, una decisión poco compatible con la idea de explotación intensiva que se sugiere en la columna que motiva estas líneas.
Conviene aclarar también ciertas referencias que pueden inducir a equívoco. Las menciones a la presencia de animales exóticos pueden dar a entender actuaciones que no corresponden a la realidad. Según el conocimiento directo disponible sobre el caso, Víctor Madera no ha introducido ninguna especie exótica en la isla. A nivel personal, lo único conocido son perros recogidos del abandono, un gesto que responde más a una sensibilidad hacia el bienestar animal que a cualquier voluntad de alterar el entorno. Por otra parte, en las fincas se protege al caballo de raza menorquina. Del mismo modo, cuando se habla de caminos «modificados», en muchos casos se trata, nada más y nada menos, de su reparación y mantenimiento.
Existe además una dimensión social poco visible: empleo estable, vivienda facilitada a trabajadores, cesión de espacios en Ferreries, apoyo a excavaciones en la isla de Colom, colaboración con la Isla del Rey y proyectos vinculados al cuidado de personas enfermas durante temporadas de menor actividad turística. Estas son solo algunas de las acciones discretas que rara vez forman parte de los titulares informativos —en gran medida por voluntad expresa de mantenerlas fuera del foco—, pero que también construyen territorio.
Bajo mi punto de vista, resulta significativo que se proyecte una sensación de alarma cuando el conjunto de fincas vinculadas a Víctor Madera representa aproximadamente un 1,86 por ciento del territorio insular. Más que una amenaza, lo que se observa es un esfuerzo concreto por conservar lo esencial de Menorca: su entorno, su gente y su equilibrio rural.
El reto no es evitar el debate, sino elevarlo. Porque proteger Menorca también implica asumir la responsabilidad de contarla con precisión, sin simplificaciones y desde el conocimiento directo de aquello que sucede sobre el terreno.