La Ley de memoria y reconocimientos democráticos de las Illes Balears, de abril de 2018, ha sido derogada esta semana por el Parlament. La memoria histórica tiene dos problemas: Vox y la falta de generosidad y voluntad de reconciliación en su aplicación.
El PP de Marga Prohens no habría derogado una ley que apoyó y que refuerza la que existe en el ámbito nacional y que ampara a las administraciones locales para los actos de reconocimiento y reparación a las víctimas. Se mantiene el derecho de los familiares a que se excaven las fosas comunes y se pueda dignificar los restos de los muertos. Los populares permiten la derogación en cumplimiento del pacto con Vox para los presupuestos y porque creen que las consecuencias son menores.
La segunda cuestión creo que es más importante. No es positivo que se deroguen las normas para la memoria democrática a la que tienen derecho los familiares de las víctimas y todos los ciudadanos de una sociedad democrática. La ley plantea como objetivo «el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista». La clave está en la palabra «todas».
El argumento de que las víctimas del Frente Popular ya fueron ampliamente reconocidas por el franquismo no sirve para una memoria justa, reconciliadora, que deje a los historiadores la explicación del pasado. Serviría más, especialmente en Menorca, un acto que reconozca a todas las víctimas de agosto del 36 en la Mola y el cementerio de Es Castell, entre otras, y a todos los asesinados por los vencedores de la guerra.
La Mola sería el espacio indicado para este acto positivo de memoria, junto al muro donde queda la huella de los fusilamientos o al lado de la placa dedicada a Hercelia Solá Cuschieri, la mujer de un oficial de la Estación Naval, violada y lanzada desde el acantilado de la bocana del puerto. ¿Nadie es capaz de llevar a cabo un acto de memoria tan necesario, justo, reconciliador?