La prestación universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años sigue siendo una propuesta pendiente de concreción por parte del Gobierno español. Esta iniciativa, presentada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el 18 de noviembre de 2023, forma parte de una declaración institucional no vinculante que busca hacer frente a la elevada tasa de pobreza infantil en España, que según los últimos datos de Eurostat afecta a aproximadamente el 30% de los hogares con menores. A pesar de los casi dos años transcurridos desde su anuncio, la medida continúa sin desarrollarse normativamente ni incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, una declaración que reafirma su compromiso con la lucha contra la pobreza infantil, considerándola un problema estructural en España. La declaración subraya la importancia de garantizar que todos los niños puedan desarrollarse con libertad, dignidad y autonomía. La propuesta de Sumar y el Ministerio de Juventud e Infancia pretende sustituir el actual sistema asistencial, que no llega de manera uniforme a todas las familias, por un modelo universal que elimine barreras burocráticas y asegure la protección social de todos los menores. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado la necesidad de evaluar primero los mecanismos de ayuda existentes para evitar duplicidades y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según sus declaraciones, los instrumentos vigentes han demostrado su utilidad durante las recientes crisis económicas, aunque podrían requerir algunos ajustes para optimizar su funcionamiento y alcance.
La característica principal de esta prestación es su carácter universal, dirigida a todas las familias independientemente de su nivel de renta o situación laboral. Este enfoque busca eliminar los obstáculos administrativos que actualmente impiden que muchas familias accedan a las ayudas existentes, ya sea por desconocimiento o por no cumplir con determinados requisitos burocráticos. La universalidad garantizaría que ningún menor quedara excluido del sistema de protección social. La cuantía propuesta es de 200 euros mensuales por cada hijo hasta que cumpla los 18 años, lo que supondría una ayuda anual de 2.400 euros por menor. Esta cantidad podría tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil, especialmente en familias numerosas o monoparentales, que suelen presentar mayores índices de vulnerabilidad económica. No obstante, algunos expertos señalan que para las familias con rentas más bajas podría ser insuficiente, mientras que para aquellas con ingresos elevados podría resultar innecesaria.
Es importante destacar que, a día de hoy, esta prestación sigue siendo una propuesta sin desarrollo normativo ni tramitación parlamentaria. Para su implementación, sería necesaria su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, algo que no ha ocurrido en los ejercicios de 2024 ni en el proyecto para 2026. Tampoco existe una fecha prevista para su entrada en vigor, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.
Contexto europeo y comparativa internacional
España se encuentra entre los países europeos con mayor tasa de pobreza infantil, solo por detrás de Bulgaria, Grecia y Rumanía, según los datos más recientes de Eurostat. Esta situación contrasta con la de otros Estados miembros que destinan un porcentaje significativamente mayor de su PIB a políticas de protección social de la infancia y que cuentan con sistemas de ayudas universales por crianza consolidados. En países como Alemania, Francia o Suecia, las prestaciones universales por hijo superan en algunos casos los 200 euros mensuales y han demostrado ser efectivas en la reducción de la pobreza infantil. Estos modelos de referencia combinan la universalidad de las ayudas con sistemas fiscales progresivos que permiten recuperar parte de estas cantidades a través de impuestos en el caso de las familias con rentas más altas, logrando así un efecto redistributivo.
Los expertos en políticas sociales señalan que España invierte aproximadamente un 1,3% de su PIB en protección a la infancia, mientras que la media europea se sitúa cerca del 2,2%. Esta diferencia de casi un punto porcentual representa miles de millones de euros que podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida de los menores y sus familias, reduciendo la desigualdad y favoreciendo la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida.
Actualmente, el sistema español de apoyo económico a las familias con hijos se articula a través de diversas medidas fragmentadas que incluyen deducciones fiscales en el IRPF, prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo (limitadas a familias con ingresos muy bajos o hijos con discapacidad), y complementos dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hogares con menores. Este modelo ha sido criticado por su carácter asistencial y su limitado alcance, ya que muchas familias en situación de necesidad quedan excluidas por no cumplir todos los requisitos o por la complejidad de los trámites. Además, las deducciones fiscales solo benefician a quienes presentan declaración de la renta y tienen suficientes ingresos para aplicarlas, dejando fuera a las familias con rentas más bajas.
Según diversos estudios, solo entre el 60% y el 70% de las familias que teóricamente tendrían derecho a algún tipo de ayuda la reciben efectivamente, lo que evidencia las deficiencias del sistema actual. La propuesta de una prestación universal buscaría precisamente corregir estas ineficiencias, garantizando que todas las familias, sin excepción, reciban apoyo económico para la crianza de sus hijos.
¿Cuánto costaría implementar esta medida?
De acuerdo con estimaciones preliminares realizadas por diversos organismos, la implementación de una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años podría suponer un coste aproximado de entre 15.000 y 18.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, dependiendo del número exacto de beneficiarios y de posibles modulaciones en su aplicación. Esta cifra representa aproximadamente el 1,2% del PIB español, lo que situaría a España más cerca de la media europea en inversión en protección a la infancia. Sin embargo, el elevado coste ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes cuestionan la viabilidad de la medida, especialmente en un contexto de ajuste presupuestario y control del déficit público.
Los defensores de la propuesta, por su parte, argumentan que esta inversión tendría retornos a medio y largo plazo en términos de reducción de la pobreza, mejora de la salud pública, incremento del rendimiento educativo y, eventualmente, aumento de la productividad y el crecimiento económico. Además, sostienen que parte del coste podría recuperarse mediante ajustes en el sistema fiscal.
Paguitas y mas deuda. Nos vamos a reír mucho.