El Consejo de Europa ha intensificado la presión sobre España para que modifique su sistema de indemnizaciones por despido, al considerar que actualmente resultan insuficientes. A través del Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR), este organismo europeo exige la introducción del concepto de «despido restaurativo», un modelo que personalizaría las compensaciones económicas en función del daño personal provocado al trabajador y no solo por los años de servicio, como ocurre actualmente. El Gobierno español ya ha manifestado su compromiso de adaptar la legislación laboral para cumplir con el artículo 24 de la Carta Social Europea durante el presente año 2025.
Hace apenas un mes, el ECSR estableció un marco común para unificar criterios en materia laboral en toda la Unión Europea, poniendo el foco en el sistema español surgido tras la reforma laboral de 2012, que redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. Los datos del Consejo General del Poder Judicial confirman esta tendencia a la baja, revelando que cuando un empleado impugna su despido ante los tribunales, la compensación media que recibe es un 36% inferior a la que se obtenía antes de dicha reforma, lo que ha motivado la intervención europea.
Este cambio regulatorio formaba parte del acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Sumar, que se comprometieron a cumplir con los estándares europeos en materia laboral. Aunque la reforma laboral de 2022 modificó numerosos aspectos del mercado de trabajo español, no alteró las tablas para el cálculo de indemnizaciones, una asignatura pendiente que deberá abordarse ahora con urgencia ante la exigencia comunitaria.
¿En qué consiste el nuevo modelo de despido restaurativo?
El concepto de despido restaurativo representa un cambio radical en el cálculo de las indemnizaciones laborales en España. A diferencia del sistema actual, que se basa exclusivamente en una fórmula matemática (días de salario por año trabajado), este nuevo enfoque busca personalizar la compensación según el perjuicio real causado al trabajador. Esto significa que dos empleados despedidos en circunstancias similares podrían recibir cantidades muy diferentes dependiendo de factores como su edad, situación familiar o perspectivas de reincorporación al mercado laboral.
Entre los elementos que se tendrían en cuenta para determinar la cuantía indemnizatoria destacan la edad del trabajador, su sexo, estado civil, cargas familiares y, significativamente, su lugar de residencia. Por ejemplo, un trabajador de 60 años tendría mayores dificultades para encontrar un nuevo empleo que uno de 25 años, por lo que el daño provocado por el despido sería considerablemente mayor y, en consecuencia, también debería serlo su compensación económica.
Esta personalización de las indemnizaciones podría generar un efecto territorial inesperado: despedir a un trabajador podría resultar más caro o más barato dependiendo de la comunidad autónoma o incluso de la ciudad en la que resida, ya que se utilizarían datos estadísticos vinculados al territorio para evaluar las probabilidades de reinserción laboral. Esta posibilidad ha despertado preocupaciones sobre posibles agravios comparativos entre trabajadores de distintas regiones.
Precedentes judiciales del despido restaurativo en España
Aunque la normativa específica sobre el despido restaurativo aún no ha sido desarrollada en España, algunos tribunales ya aplican criterios similares en sus sentencias, basándose en la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo. Un ejemplo significativo es la sentencia 469/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estableció una indemnización cuatro veces superior a la fijada inicialmente al considerar que el despido de una trabajadora le generaba una vulnerabilidad mucho mayor que a otros empleados en situaciones aparentemente similares.
Sin embargo, estos precedentes judiciales no son de obligado cumplimiento para todos los tribunales españoles, lo que genera desigualdades en el tratamiento de casos similares dependiendo de la jurisdicción donde se juzguen. Precisamente por ello, el Gobierno pretende incorporar estos criterios en la legislación durante este 2025, estableciendo un marco normativo homogéneo que garantice la aplicación uniforme del concepto de despido restaurativo en todo el territorio nacional.
Implicaciones económicas y laborales de la reforma
La implementación del despido restaurativo tendrá importantes consecuencias para empresas y trabajadores en el mercado laboral español. Para las compañías, esta reforma podría incrementar significativamente los costes asociados a los ajustes de plantilla, especialmente en aquellos sectores con trabajadores de mayor edad o en regiones con altas tasas de desempleo. Este aumento del coste de despido podría tener un efecto disuasorio, favoreciendo la estabilidad laboral, o por el contrario, generar reticencias a la hora de contratar perfiles considerados «de riesgo» por el mayor coste potencial que supondría su despido.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el nuevo sistema ofrecería mayor protección a los colectivos más vulnerables del mercado laboral, como mayores de 50 años, personas con cargas familiares o residentes en zonas con escasas oportunidades laborales. No obstante, también podría generar un mercado laboral a dos velocidades, con empresas más dispuestas a contratar perfiles que, en caso de despido, supondrían indemnizaciones más bajas.
Los sindicatos han recibido positivamente esta iniciativa europea, considerándola un paso necesario para revertir lo que califican como «precarización» del despido tras la reforma laboral de 2012. Por su parte, las organizaciones empresariales han mostrado preocupación por el impacto que tendría en la competitividad de las empresas españolas frente a otros países europeos con sistemas menos proteccionistas.
¿Cómo se calcula actualmente la indemnización por despido en España?
El sistema español vigente establece una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Esta fórmula, introducida por la reforma laboral de 2012, supuso una reducción respecto a los 45 días por año (con un tope de 42 mensualidades) que regían anteriormente. Para los despidos objetivos procedentes, la compensación se reduce a 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.
La principal crítica a este sistema es que se basa exclusivamente en criterios objetivos (tiempo trabajado y salario), sin considerar las circunstancias personales del trabajador ni el impacto real que el despido tiene en su vida. El despido restaurativo vendría a corregir esta deficiencia, incorporando variables personales y territoriales que permitirían evaluar con mayor precisión el daño causado y, por tanto, la compensación adecuada.