El Tribunal de Cuentas ha emitido una recomendación al Gobierno de España para que valore eliminar el requisito de homologación previa de títulos universitarios a profesionales extracomunitarios con experiencia reconocida. Esta propuesta, que busca agilizar los trámites administrativos y reducir la carga burocrática, sugiere aplicar el mismo régimen normativo que actualmente disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea a aquellos profesionales de terceros países que acrediten una experiencia laboral de entre cinco y quince años formalmente reconocida en sus países de origen.
El organismo fiscalizador ha completado un informe titulado '¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?', en el que analiza en profundidad la gestión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en esta materia. Las conclusiones no son positivas: existen importantes deficiencias estructurales y operativas que provocan retrasos sistemáticos en los trámites, incumpliendo el plazo máximo establecido de seis meses para resolver los expedientes.
A 30 de junio de 2025, la cifra de solicitudes pendientes de resolución asciende a 80.648, una acumulación que dificulta enormemente la gestión eficiente del sistema. El Tribunal insta al Ministerio a realizar un "esfuerzo muy decidido" para eliminar este atasco administrativo en un plazo razonable. Para lograrlo, será necesario incrementar sensiblemente el número anual de resoluciones frente al de nuevas solicitudes, que se mantiene en torno a las 30.000 anuales desde 2024. Aunque se ha detectado un cambio positivo durante el primer semestre de 2025, siendo la primera vez que las resoluciones superan a las nuevas solicitudes registradas, el ritmo actual resulta insuficiente para descongestionar el sistema a corto plazo.
El informe del Tribunal de Cuentas identifica varios problemas fundamentales que lastran la eficiencia del procedimiento de homologación. Entre ellos destaca una regulación insuficiente en los sistemas de identificación y firma electrónica, aspecto crucial en una tramitación que involucra a ciudadanos extranjeros que no siempre disponen de certificados digitales reconocidos en España. Asimismo, señala la falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas, lo que genera confusión e inseguridad jurídica tanto para los solicitantes como para los propios funcionarios encargados de tramitar los expedientes.
Otras carencias significativas incluyen la ausencia de manuales integrales de procedimiento que estandaricen los criterios de evaluación, la insuficiencia crónica de recursos humanos asignados a este departamento y las deficiencias en las herramientas informáticas utilizadas para la gestión documental. La falta de una contabilidad analítica adecuada es otro de los puntos críticos señalados. El sistema actual no permite discriminar con precisión los costes directos e indirectos atribuibles a las distintas funciones y servicios relacionados con la homologación, lo que dificulta una gestión eficiente de los recursos y una correcta evaluación del coste real que supone cada expediente para la Administración.
Agilizar la integración profesional
La recomendación más novedosa del Tribunal de Cuentas consiste en extender a los profesionales extracomunitarios el mismo régimen que se aplica actualmente a los ciudadanos de la Unión Europea, para quienes no es necesaria la homologación previa de títulos en determinadas circunstancias. Este cambio normativo eximiría del trámite a aquellos profesionales no comunitarios que acrediten una experiencia laboral formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen. Esta medida tendría un doble impacto positivo: por un lado, facilitaría la integración laboral de profesionales cualificados en el mercado español, especialmente en sectores con escasez de mano de obra especializada; por otro, reduciría significativamente la carga administrativa del Ministerio, permitiendo concentrar los recursos en la evaluación de aquellas solicitudes que realmente requieran un análisis detallado de la equivalencia académica.
La propuesta se enmarca en una tendencia internacional hacia el reconocimiento de la experiencia profesional como complemento o alternativa a la formación académica formal, especialmente en un contexto globalizado donde la movilidad laboral transfronteriza es cada vez más frecuente. Países como Canadá, Australia o Reino Unido ya aplican sistemas similares que valoran la experiencia práctica como elemento cualificador.
¿Qué es la homologación de títulos universitarios extranjeros?
La homologación es el procedimiento administrativo por el cual se reconoce oficialmente la validez en España de un título de educación superior obtenido en un país extranjero. Este reconocimiento otorga al título extranjero los mismos efectos académicos y profesionales que el título o grado español al que se homologa, habilitando a su titular para ejercer la profesión regulada correspondiente en las mismas condiciones que los poseedores del título nacional. El sistema actual distingue entre los títulos procedentes de países de la Unión Europea, para los que existe un procedimiento simplificado basado en la confianza mutua entre sistemas educativos, y los títulos de terceros países, que deben someterse a un escrutinio más riguroso.
Esta diferencia de trato es la que el Tribunal de Cuentas propone reconsiderar para ciertos perfiles profesionales con experiencia acreditada. El procedimiento tradicional implica la evaluación detallada de los planes de estudio, duración de la formación, competencias adquiridas y otros aspectos académicos, lo que requiere un análisis individualizado de cada expediente por parte de comités de expertos. Esta complejidad, unida a la diversidad de sistemas educativos mundiales y a la creciente demanda de homologaciones, explica en gran medida los retrasos acumulados en la resolución de solicitudes.
JuanEn latinoamerica puedes comprar uno? Se olvida los que vendieron, o mejor dicho regalaron, en la Universidad Juan Carlos Primero y a quienes?