De cara al inicio de este 2026, el sistema fiscal endurece la supervisión sobre los pagos realizados mediante tarjetas y plataformas digitales. A partir del 1 de enero, bancos y entidades financieras estarán obligados a remitir a la Agencia Tributaria información mensual sobre todos los cobros digitales de sus clientes, sin importar la cuantía, en un cambio considerable respecto a los informes anuales que se enviaban hasta ahora.
Esta innovación normativa afecta tanto a pagos con tarjeta como a sistemas de pago a través del móvil, como Bizum, ampliando de manera significativa la fiscalización de las operaciones económicas en formato electrónico.
Además, aquellos contribuyentes que utilicen métodos de pago que superen los 25.000 euros anuales en movimientos con tarjeta de crédito, verán cómo Hacienda recibe resúmenes específicos con sus gastos anuales.
Contexto y alcance del cambio normativo
Con el fin de afinar el control sobre las transacciones económicas electrónicas realizadas en España, las nuevas disposiciones modifican la frecuencia y la profundidad de los informes enviados por las entidades mediadoras.
Antes, la ley permitía que los bancos remitieran a Hacienda informaciones anuales y con un importe mínimo preestablecido, lo que limitaba el rango de movimientos sujetos a monitoreo público.
Pero ahora, con la obligación de comunicar mes a mes todos los cobros digitales, sin importar la cuantía, la presión recae con más intensidad sobre usuarios particulares, con operaciones habituales que antes no eran supervisadas tan estrictamente.
En las emisiones ofrecidas a principios de diciembre de 2024 en programas como 'Herrera en COPE', expertos como Pilar Cisneros y Jorge Bustos han detallado estas medidas», señalando que la fiscalización se amplía para controlar cobros que podrían pasar desapercibidos e incluir rentas no declaradas, alquileres informales, donaciones ocultas o actividades profesionales extraoficiales.
Consecuencias para usuarios y la gestión tributaria
Además de los pequeños negocios, los particulares que realizan pagos digitales frecuentes, especialmente con tarjetas de crédito cuyo total anual alcance o supere los 25.000 euros, serán objeto de un seguimiento fiscal más estricto.
Esto implica que la información sobre sus gastos detallados llegará a Hacienda, elevando la transparencia y minimizando posibles acciones elusivas.
Este cambio, aunque pensado para combatir el fraude fiscal, ha generado controversias sobre su extensión y posibles efectos sobre la privacidad financiera y la confianza del consumidor.
El aumento del control también podría incentivar un entendimiento más profundo de las plataformas digitales y la digitalización tributaria, dos tendencias en auge en la administración pública española.
A ver si se ponen las pilas también con los extranjeros residentes en las islas que oficialmente lo son en sus países y no tributan nada aquí... que comparen datos con hijos escolarizados, vuelos, etc. No solo tenemos que pagar nosotros, ya está bien de tanto fraude de extranjeros.