La Agencia Tributaria ha introducido una modificación significativa que afectará a los ciudadanos. A partir del ejercicio fiscal de 2025, cuya declaración se realizará en la campaña de la Renta de 2026, todos los perceptores de prestaciones por desempleo estarán obligados a presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), independientemente del importe total percibido. Esta nueva normativa elimina el umbral mínimo de ingresos que hasta ahora eximía a muchos desempleados de esta obligación, marcando un antes y un después en la gestión fiscal de las ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Hasta la fecha, la obligación de declarar el IRPF dependía de ciertos límites económicos: 22.000 euros anuales si se tenía un único pagador o 15.876 euros si existían varios. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta medida para el ejercicio de 2025, cualquier persona que haya percibido el paro, aunque sea por un solo día, o cualquier otra prestación por desempleo del SEPE, deberá rendir cuentas con Hacienda. Esto significa que, incluso si un beneficiario ha cobrado, por ejemplo, 8.000 euros anuales en subsidios, tendrá que justificar su ejercicio económico ante la Agencia Tributaria en la próxima campaña de la Renta de 2026.
La razón detrás de esta importante modificación radica en la voluntad del Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de mejorar sustancialmente el control de las prestaciones que reciben los beneficiarios y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia general del sistema de ayudas. Se busca una fiscalización más exhaustiva de los fondos públicos destinados a la protección por desempleo, asegurando que la información declarada sea completa y precisa. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para optimizar la recaudación y la equidad fiscal.
La nueva obligación de declarar el IRPF se extiende a todos los individuos que hayan percibido cualquier tipo de prestación por desempleo durante el año fiscal 2025. Esto incluye no solo la prestación contributiva por desempleo (el conocido «paro»), sino también los subsidios por desempleo, la renta activa de inserción (RAI) o el subsidio extraordinario por desempleo (SED), entre otras ayudas gestionadas por el SEPE. La clave es que la percepción de estas ayudas, por mínima que sea, activa la obligación de presentar la declaración. Es fundamental que los ciudadanos afectados tomen nota de este cambio para evitar posibles sanciones o requerimientos futuros por parte de la Agencia Tributaria, que podría iniciar procedimientos de comprobación si no se cumple con la nueva exigencia.
Ante esta nueva obligación, es aconsejable que los perceptores de prestaciones por desempleo en 2025 tomen ciertas precauciones. En primer lugar, conservar toda la documentación relativa a las prestaciones recibidas del SEPE, incluyendo certificados de retenciones y cualquier comunicación oficial. En segundo lugar, estar atentos a las comunicaciones de la Agencia Tributaria y del SEPE sobre la campaña de la Renta de 2026. Finalmente, si surgen dudas, no dudar en buscar asesoramiento profesional o acudir a los puntos de información de la Agencia Tributaria. La anticipación y la buena gestión de la información serán claves para cumplir con la nueva normativa sin contratiempos y evitar posibles errores o requerimientos.
El caso de los jubilados
Es importante destacar que la situación de los jubilados en España que perciben una pensión contributiva difiere de la de los perceptores de paro. Aunque las pensiones también son consideradas rendimientos del trabajo a efectos fiscales, los jubilados solo están obligados a presentar la declaración de la renta si superan ciertos límites de ingresos anuales, de manera similar a como ocurría con los desempleados hasta la entrada en vigor de esta nueva normativa.
Este umbral se mantiene para los pensionistas, lo que subraya la especificidad de la medida aplicada a las prestaciones por desempleo y la intención de Hacienda de focalizar el control en este colectivo particular, sin extender la misma rigurosidad a otros grupos de perceptores de rentas públicas. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de carácter personal y directo que grava la renta obtenida por las personas físicas residentes en España durante un año natural. Su importancia radica en que es uno de los pilares del sistema tributario español, contribuyendo a la financiación de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras.
Declarar el IRPF permite a Hacienda conocer la capacidad económica de los contribuyentes y aplicar el principio de progresividad fiscal, donde quienes más tienen, más contribuyen. Para los perceptores de desempleo, aunque no siempre suponga un pago, la declaración es un ejercicio de transparencia y cumplimiento fiscal que asegura la correcta imputación de sus ingresos y la aplicación de posibles deducciones o beneficios fiscales a los que pudieran tener derecho, como por ejemplo, por familia numerosa o alquiler de vivienda.