Una modificación sin precedentes en la estructura salarial promete revolucionar las nóminas de millones de trabajadores este 2026. La propuesta no solo contempla elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 17.100 euros anuales, sino que introduce un cambio radical en cómo se calcula: estableciendo un salario base mínimo de 1.221 euros mensuales, independientemente de los complementos salariales.
Miguel Benito, abogado especializado en derecho laboral, ha analizado las implicaciones de esta medida y señala que lo que realmente llegará a los bolsillos de los trabajadores será significativamente mayor de lo esperado. La razón fundamental radica en dos aspectos clave: la modificación del concepto de salario base y la exención fiscal prometida para estas retribuciones mínimas.
La novedad más impactante de esta reforma no reside únicamente en la cifra total, sino en cómo se estructura ese incremento. El salario base deberá alcanzar mínimamente 1.221 euros mensuales, una distinción técnica que marca una diferencia sustancial respecto al sistema actual y que tendrá consecuencias prácticas para miles de trabajadores en toda España.
Diferencia entre salario base y complementos salariales
Para comprender la magnitud de este cambio, resulta imprescindible entender cómo se compone una nómina en el sistema laboral español. Tradicionalmente, las retribuciones se dividen en salario base y complementos salariales, que pueden incluir antigüedad, peligrosidad, nocturnidad, productividad o cualquier otro concepto adicional pactado en el convenio colectivo o contrato individual. Hasta ahora, la legislación vigente establecía que la suma total de todos estos conceptos debía superar el salario mínimo interprofesional. Esto permitía que muchas empresas mantuvieran salarios base relativamente bajos, compensándolos con diversos complementos que, en su conjunto, alcanzaban o superaban el mínimo legal. Esta práctica, aunque legal, generaba situaciones de precariedad encubierta.
Con la nueva propuesta, el salario base mínimo quedaría fijado en 1.221 euros, independientemente de los complementos adicionales. Esta modificación obligaría a las empresas a reestructurar las nóminas de aquellos trabajadores cuyo salario base actual sea inferior a esta cifra, incluso si su remuneración total ya supera el salario mínimo interprofesional vigente. Más allá del incremento nominal, existe otra promesa gubernamental que multiplica el efecto real sobre el poder adquisitivo: la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes perciban el salario mínimo. Esta medida fiscal complementaria significa que el aumento neto en las cuentas bancarias de los trabajadores será considerablemente mayor.
Actualmente, incluso los salarios más bajos están sujetos a retenciones fiscales, aunque sean mínimas. Con la exención prometida, los trabajadores que perciban exactamente el salario mínimo no verían reducida su nómina por retenciones del IRPF, lo que según Miguel Benito implica que «lo que vas a anotar en tu bolsillo será mucho mayor» que el simple incremento nominal del salario. Esta combinación de aumento del salario base más exención fiscal podría traducirse en incrementos netos mensuales de entre 100 y 200 euros para muchos trabajadores, dependiendo de su situación particular. En términos anuales, esto representa una mejora sustancial en la capacidad adquisitiva de los hogares españoles con rentas más bajas.