El Código Técnico de Edificación establece criterios detallados y rigurosos que determinan cómo deben elaborarse los proyectos arquitectónicos en todo el territorio nacional. Estas disposiciones, recogidas en el marco técnico vigente, obligan a profesionales del sector a seguir protocolos específicos que garanticen tanto la viabilidad como la seguridad de las construcciones. La norma técnica vigente establece que todo proyecto debe describir el edificio con un nivel de detalle suficiente para permitir una valoración e interpretación inequívoca durante su construcción. Este requisito fundamental busca eliminar ambigüedades que históricamente han generado conflictos entre las partes involucradas en procesos edificatorios.
En relación con las exigencias básicas, los proyectos deben definir las obras proyectadas con características específicas que permitan comprobar el cumplimiento de toda la normativa aplicable. Esta definición incluye información técnica sobre productos, equipos y sistemas que se incorporarán permanentemente en la construcción, estableciendo condiciones de suministro y garantías de calidad obligatorias. Las características técnicas de cada unidad de obra constituyen otro pilar fundamental. La normativa exige indicaciones precisas sobre las condiciones de ejecución y los controles necesarios para verificar la conformidad con lo proyectado. Estas medidas deben adoptarse tanto durante la construcción como en el uso posterior del inmueble, asegurando compatibilidad entre diferentes elementos constructivos.
Fases del desarrollo proyectual
La legislación contempla dos etapas diferenciadas para el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico: el básico y el de ejecución. Esta división permite una tramitación administrativa escalonada que facilita la obtención de licencias sin comprometer la calidad final de la obra. El proyecto básico define las características generales mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido resulta suficiente para solicitar licencias municipales y autorizaciones administrativas, aunque no permite iniciar directamente la construcción. Esta fase establece las prestaciones que el edificio debe proporcionar sin impedir el cumplimiento de exigencias posteriores.
Por su parte, el proyecto de ejecución desarrolla completamente el básico y define la obra en su totalidad. En esta fase no pueden rebajarse las prestaciones declaradas anteriormente ni alterarse los usos y condiciones bajo los que se otorgaron las autorizaciones, salvo en aspectos específicamente legalizables. Esta salvaguarda protege el interés público y garantiza coherencia en el proceso constructivo. Las verificaciones y pruebas de servicio constituyen elementos esenciales para comprobar las prestaciones finales del edificio terminado. Estos controles deben realizarse siguiendo protocolos establecidos que aseguren el cumplimiento de todos los parámetros de calidad exigidos por la normativa aplicable en España.
El control del proyecto tiene como objetivo verificar el cumplimiento normativo y comprobar su grado de definición y calidad. Este proceso puede referirse a todas o algunas exigencias básicas relacionadas con requisitos específicos, estableciendo diferentes niveles de supervisión según la complejidad y características de cada construcción. Los aspectos técnicos y formales que deben controlarse se establecen mediante documentos básicos que especifican procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de exigencias. Esta sistematización permite a los profesionales del sector disponer de guías claras sobre qué elementos requieren mayor atención durante el desarrollo del proyecto.
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado representan una obligación legal que debe cumplirse conforme a lo previsto en la normativa. Esta documentación resulta fundamental para garantizar la durabilidad de las construcciones y prevenir patologías derivadas de un uso inadecuado o falta de mantenimiento preventivo. Los proyectos parciales y documentos técnicos complementarios deben integrarse bajo la coordinación del proyectista principal, quien asume la responsabilidad de garantizar coherencia entre todos los elementos. Esta integración documental facilita tanto la ejecución de obras como futuras intervenciones de mantenimiento o rehabilitación.