La violencia de género es una de las principales lacras sociales que afectan a este país, ya que se cobra la vida de muchas mujeres. ¿Qué proponen los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones el próximo 10 de noviembre para combatirla?
El PSOE anuncia que si logra gobernar abordará la reforma de la legislación penal para garantizar que la falta de consentimiento sea clave en la calificación de los delitos sexuales. En este sentido, sostiene que «si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Es decir, solo sí es sí».
El PP explica que reformarán el Código Penal para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos d violencia de género acreditada. Además, se comprometen a desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género, dentro de los plazos y con la financiación prevista, en colaboración con las administraciones públicas competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Poder judicial, los medios de comunicación y las organizaciones sociales especializadas en violencia de género.
Los populares también apuestan por aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos que contemple toda forma de explotación contra mujeres y niñas y añaden que seguirán profundizando en la lucha contra la mutilación genital femenina, a través de protocolos detección y prevención. También aprobarán, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, un protocolo contra los matrimonios forzados.
Ciudadanos propone «una normativa clara y contundente de violencia intrafamiliar, pero tenemos claro que la prioridad es, sin lugar a dudas, acabar con la lacra de la violencia machista».
«Consideramos que todos los partidos debemos avanzar para alcanzar un pacto en este sentido que pueda proteger a las mujeres, y a todos los miembros de las familias. Por eso creemos que es una mala señal que algunos partidos utilicen este tema como arma arrojadiza», apuntan desde la formación naranja.
Unidas Podemos expone su objetivo de implementar un plan estatal de lucha contra las violencias machistas con una dotación anual de 600 millones de euros. «Tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas» e «implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la violencia de género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso».
También quieren dar una garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la violencia machista y para los niños y adolescentes a su cargo. Además, implantarán un plan de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social. La formación morada apuesta por actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres.
Otra de sus propuestas es poner en marcha un plan integral de compensación, reparación y recuperación de la autonomía para estas mujeres, que incluirá una prestación económica de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante seis meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.
Vox apuesta por una ley de violencia intrafamiliar «frente al sectarismo de las llamadas políticas de género». En este sentido, pretende derogar la ley de violencia de género y toda norma que discrimine a un sexo de otro.
También es partidario de la «supresión de organismos feministas radicales subvencionados, de la persecución efectiva de denuncias falsas y la protección del menor en los procesos de divorcio». En su opinión, se trata de dar «más medios en materia de seguridad y para apoyo a las personas, a todas, maltratadas en el seno de la familia. Asesinos de mujeres y violadores en serie no deben salir de la cárcel».
Más País aboga por la creación de una red de centros públicos de atención a las víctimas de la violencia sexual las 24 horas los 365 días. También apuestan por la educación en igualdad y proponen establecer un plan de formación permanente para profesorado e implementaremos, en todos los niveles educativos, la educación afectivo sexual como materia obligatoria. Además, pretenden implantar la formación específica en el ámbito judicial en materia de violencias machistas y crear un centro de estudios estatal de las violencias machistas para obtener datos de los diferentes tipos de agresiones.
Otro de los objetivos es garantizar la seguridad de las víctimas de violencias machistas asegurando el seguimiento y control policial de aquellos agresores con orden de alejamiento. Se pretende equiparar a las víctimas de violencias machistas con las víctimas del terrorismo para asegurar la compensación, reparación y recuperación de su autonomía.
Més-Esquerra exigirá que el «negacionismo machista de grupúsculos, lobbies y partidos de la derecha como Vox sea considerado delito de odio». En este sentido, proponen exportar el Plan de Igualdad de Género de Baleares a nivel estatal y reclamarán «la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo donde se equiparen los derechos de los trabajadores con el esto de España y que no se ha firmado nunca».