Micaela Silva: «Para que el Consell separe a los hijos de sus padres debe haber más control»

Madre de cuatro hijos pequeños cuya tutela le ha sido retirada provisionalmente por el Servicio Insular de Familia, del Consell, Micaela Silva, residente en Ciutadella, ha decidido impulsar la creación de la asociación Camins Oberts, cuyo registro ya ha formalizado, para dar voz a aquellos padres y madres que proclaman su impotencia cuando estiman que la decisión extrema adoptada por los técnicos del servicio insular no tiene fundamento suficiente, plantea dudas o es errónea.

Otras madres y padres habían expresado su rechazo a las resoluciones del SIF con anterioridad, pero ha sido esta la que ha optado por poner en marcha una asociación que les preste ayuda.

¿Por qué ha tomado la iniciativa de crear Camins Oberts?

—Porque en este proceso he descubierto que no soy un caso aislado. Hay muchas familias que viven situaciones similares en silencio, con miedo y sin orientación. La asociación nace para que no estén solas.

¿Conoce a muchas que estén en una situación similar a la suya?

—Sí. He hablado con muchas madres, padres y familiares que han pasado o están pasando por procesos muy parecidos, incluso con patrones casi idénticos. Aunque cada historia es diferente el fondo siempre es el mismo cuando se trata del departamento de Menores del Consell.

¿Existe estigmatización de los padres o madres a quienes se les retira la tutela de sus hijos?

—Socialmente suele pensarse que «algo habrán hecho», pues una persona no tiende a pensar que un departamento que en teoría protege al menor pueda incurrir en tantas irregularidades perjudicándoles, sin conocer los detalles ni la complejidad de estos procesos. Esto genera aislamiento y culpa añadida.

Pero no son decisiones arbitrarias, sino basadas en expedientes y protocolos elaborados por profesionales, ¿no lo cree?

—Por supuesto. No cuestiono la existencia del sistema ni el trabajo profesional, pero sí creo que para que se llegar a separar a una madre o un padre de sus hijos debe haber más garantías, transparencia y control, porque las consecuencias son enormes y muchas veces se genera un daño irreparable en los niños.

¿Qué va a hacer la asociación para hacerse oír?

—Escuchar, acompañar, orientar y visibilizar. También recoger testimonios y promover un diálogo constructivo para mejorar el sistema desde la experiencia real de las familias.

Emocionalmente, ¿cómo puede afectar esta situación a un padre o una madre?

—Es devastador. Genera angustia, impotencia, miedo constante y una sensación profunda de indefensión difícil de describir. Y muchas veces no solo afecta a los padres también a su entorno.

¿Y a los hijos?

—Les provoca inseguridad, ruptura de vínculos, ansiedad y mucho sufrimiento emocional, especialmente cuando no entienden por qué se les separa tan abruptamente de sus referentes. Esto puede derivar en problemas de conducta a corto y largo plazo por ejemplo.

¿Qué propondría para evitar casos que puedan resultar injustos o planteen dudas?

—Más control judicial previo, más escucha a los menores afectados, más contraste de información y más acompañamiento real a las familias, no solo supervisión. Quizás si el dinero que reciben estos departamentos no se dedicase tanto al centro de menores en sí sino a poder ayudar a la familia a mejorar ciertos aspectos podrían tener resultados más positivos sin tener que llegar a la separación de los hijos de sus padres.

Siempre queda la posibilidad de acudir al juzgado, como han hecho algunos, y denunciar...

—Sí, pero es un proceso largo, costoso y lento que además no todas las familias se pueden permitir. En cambio, las decisiones administrativas tienen efectos inmediatos sobre los niños. Además, con el retraso que lleva el juzgado con suerte cuando llega la fecha de juicio y si se le diera la razón a la familia ya ha pasado un tiempo importante y el daño a los menores está hecho.

¿Qué hace un padre o una madre para revertir la situación cuando el sistema le retira a sus hijos?

—Cumple con todo lo que se le exige, aunque no esté de acuerdo y muchas veces esas exigencias rocen lo ilegal o lo inmoral; intenta colaborar y demostrar constantemente que es válido como padre o madre.

¿Puede explicar su propio caso?

—Denuncié el maltrato a mis hijos por parte de su padre, que fue condenado. A pesar de ello, una medida administrativa me retiró a mis hijos provisionalmente, sin control judicial previo, y ahora tengo que ver, creo yo, como mis hijos no están seguros viendo a su padre sin una supervisión profesional. Ellos me dicen que él se muestra muy agresivo y a mí me consta que Menores está al corriente, pero no considera que tenga que actuar.

¿El Servicio de Familia le argumentó los motivos de la retirada provisional de los niños?

—Me dieron explicaciones generales y posteriores a la retirada, pero nunca una justificación clara y proporcionada al daño que supone separar a unos niños de su madre, de hecho se los llevaron del colegio sin avisar mientras yo trabajaba.

¿Qué cree que no se tuvo en cuenta al tomar esta decisión?

—El vínculo afectivo, la estabilidad emocional de los niños y el impacto real que tendría esta medida en su bienestar.

¿Hizo usted examen de conciencia? ¿Pudo haber hecho algo más?

—Sí, constantemente. Como cualquier madre, me pregunto cada día si podría haber hecho algo mejor, aunque también sé que he actuado siempre pensando en el bien de mis hijos. Lo mejor para ellos, creo yo, sería recuperar estabilidad, seguridad emocional y sus vínculos principales, y que cualquier decisión se tome escuchándolos y protegiéndolos de verdad.

¿Cómo describiría el trato con los técnicos del Servicio Insular de Familia?

—Correcto en las formas siempre y cuando uno no les lleve la contraria ni las cuestione, pero distante, poco empático y con escasa o ninguna disposición a escuchar versiones distintas a la ya establecida.