La secretaria de vivienda del Partido Popular, Ana María Zurita, ha subrayado este miércoles que su formación considera que la Ley de Vivienda no es necesaria tal cual está planteada actualmente y ha abogado por un gran pacto estatal por la vivienda que bien podría suplir a dicha ley.
En este sentido, ha reconocido que el grupo de vivienda del PP entiende que es necesario derogar esta ley, aunque depende de la decisión final que se adopte, ya que es «dañina», «cancerígena» y no sirve para lo que ha sido planteada, según ha afirmado durante su intervención en una jornada organizada por Esade. Además, ha augurado un recorrido corto a la ley, no solo a las puertas de las próximas elecciones generales, sino por todas las comunidades autónomas que recurrirán la ley ante el Tribunal Supremo, algo que también está estudiando el PP.
«La mayoría de las medidas no nos gustan», ha agregado la diputada popular, quien ha señalado que esta ley es casi un «panfleto» ideológico que genera inseguridad jurídica, invade competencias de las comunidades autónomas, es intervencionista, supone una enorme carga sobre los propietarios, no incentiva el mercado; no resuelve los problemas de acceso y vulnera la propiedad privada con expropiaciones encubiertas.
Además, ha insistido en que la contención de rentas no ha funcionado en ningún sitio en el que ha sido aplicada y ha subrayado que con el PP en el Gobierno «no se aplicará jamás».
Por otro lado, ha avanzado que si el PP llega al Gobierno cambiarán el nombre del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y ha apostado por volver a la denominación anterior de Ministerio de Fomento. Además, ha lamentado que la vivienda haya sido la moneda de cambio para garantizar la continuidad del PSOE en el Gobierno mediante promesas que están generando una gran incertidumbre, que en su opinión, es aún peor que aplicar la medida.
«Queremos un gran pacto de Estado por la vivienda que no sea un eslogan», ha agregado la también arquitecta, al tiempo que ha apostado por la colaboración público-privada, por armonizar las actuaciones entre las distintas administraciones para tener seguridad jurídica y sacar suelo al mercado y por dotar de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico estatal y por fomentar la industrialización de vivienda con incentivos y rebajas fiscales.
Además, ha lamentado que pese a las altas expectativas que se crearon con los fondos europeos los presupuestos destinados a vivienda no son los mayores de la historia como argumenta el PSOE en términos de PIB y su incremento se debe básicamente a los fondos europeos. En este sentido, ha agregado que los presupuestos públicos para la vivienda se centran en instrumentos «muy pobres» como el proyecto de ley de Rehabilitación, unos incentivos fiscales que caducan ya o un Real Decreto Ley que es una «mala copia» de los antiguos planes de vivienda, medidas que desde el PP se han comprometido a modificar.