La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado un nuevo cargo, soborno, a Choi Soon Sil, la confidente de la destituida presidenta, Park Geun Hye, que está siendo investigada por un escándalo de tráfico de influencias que ha dado lugar a un 'impeachment'.
Hasta ahora Choi, encarcelada desde octubre y enjuiciada desde diciembre, se enfrentaba a cargos de coacción, abuso de poder y tentativa de fraude, pero este lunes el portavoz del equipo fiscal encargado del caso, Lee Kyu Chul, ha anunciado la imputación por soborno.
Por otro lado, fuentes judiciales han revelado bajo condición de anonimato que Choi no asistirá a las sesiones del 'impeachment' contra Park para no perjudicar su propio juicio.
La legislación surcoreana permite a los testigos eludir su citación si acreditan que su intervención en otro proceso judicial puede perjudicarles en otro abierto en su contra.
El alto tribunal decidirá en la sesión prevista para el martes si respeta la decisión de Choi o, por el contrario, la obliga a comparecer en el proceso de 'impeachment' contra Park, según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Park, de 64 años, está acusada de ponerse de acuerdo con su amiga Choi y su ex asistente Woo Byung Wo, ambos procesados, para presionar a las grandes empresas con el fin de que ofrecieran donaciones a dos fundaciones creadas para respaldar sus iniciativas políticas.
La mandataria ha descrito a Choi como una amiga en la que se apoyaba en los momentos difíciles. Los investigadores señalan a Choi como el 'cerebro' de esta trama de corrupción, una acusación que su abogado ha calificado de «ficción», y que le ha valido el calificativo de 'Rasputina coreana'.
El Parlamento surcoreano decidió por 234 votos de un total de 300 -entre ellos más de 60 del partido gobernante- abrir un 'impeachment' contra Park, una decisión que el Tribunal Constitucional deberá ratificar o revocar en el plazo de 180 días.
Park ya ha sido sustituida de forma interina por el primer ministro, Hwang Kyo Ahn, que en su día hizo un llamamiento a la calma para que la crisis política no repercuta en otros ámbitos. Sin embargo, las manifestaciones semanales contra el Gobierno se mantienen.