El ministro del Interior, Matteo Salvini, autorizó el desembarco de los inmigrantes del barco militar Diciotti tras cinco días de bloqueo en Catania, una decisión que ha motivado que la Justicia italiana haya abierto una investigación contra el líder de la Liga.
Los 138 inmigrantes que aún permanecían en la embarcación de los guardacostas comenzaron el desembarco pasada la medianoche del 26 de agosto y uno a uno fueron bajando las escaleras hasta llegar a tierra.
Una vez allí, fueron identificados por la policía local, que les tomó unas fotos acompañadas de un número escrito en cifras negras y sobre un folio blanco, para cada uno de ellos.
Se pone así fin a una situación que duraba ya diez días, desde que el 16 de agosto el barco Diciotti se hizo cargo de 177 inmigrantes en aguas de Malta, según el Ministerio del Interior.
Italia exigió entonces a Malta que se responsabilizara de estas personas, pero se encontró con la negativa de las autoridades maltesas y tras cinco días de espera, el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, indicó al barco que podía dirigirse a Catania.
Pero la decisión del desembarco es competencia del Ministerio del Interior y Salvini no consintió que estas personas bajaran a tierra.
El 22 de agosto, Salvini autorizó el desembarco de 27 menores, de edades entre los 14 y los 17 años, después de que organizaciones e instituciones presionaran al líder de la ultraderechista Liga para que cediera. Dentro del barco quedaron entonces 150 adultos, en su mayoría eritreos, hasta este sábado cuando pudieron bajar 12 que presentaban problemas de salud.
Los técnicos de la Oficina de Sanidad marítima de Catania subieron a bordo del barco para realizar exámenes médicos a las personas y certificaron que había 17 que debían bajar de inmediato porque requerían de atención sanitaria.
Pero cinco mujeres se negaron a descender para seguir con sus familias, por lo que finalmente solo lo hicieron doce, seis mujeres y seis hombres. Las mujeres fueron ingresadas en el departamento de ginecología de un hospital de Catania para someterse a controles, ya que «todas habían sido violadas en repetidas ocasiones en Libia», según reveló la eurodiputada del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Michela Giuffrida, que estuvo en el barco.
Los otros seis hombres presentaban síntomas de enfermedades, tres de ellos, tuberculosis; dos, pulmonía; y uno, una infección de orina.
Simultáneamente, durante la mañana del sábado el fiscal de la ciudad de Agrigento (Sicilia, sur), Luigi Patronaggio, conversó en Roma con funcionarios del Ministerio del Interior y miembros de la Guardia Costera para conocer la situación de estas personas.
Tras estos encuentros, la Fiscalía abrió una investigación contra Salvini por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder.
El líder de la Liga celebró un acto en Pinzolo (norte) en el que calificó de «vergonzoso» que se investigue «a un ministro que defiende las fronteras de un país» y consideró esencial impulsar «una reforma de la Justicia».
Fue precisamente en este acto donde Salvini anunció que los 138 inmigrantes que aún seguían en el barco «Diciotti» iban a poder desembarcar de inmediato. Salvini explicó que Italia había logrado acordar una reubicación de estas persona con las autoridades de Albania e Irlanda, y que la Iglesia católica italiana se haría cargo de la gran mayoría.
El primer ministro irlandés, Simon Coveney, avanzó en Twitter que su país recibirá a «20-25 inmigrantes» del barco de los guardacostas italianos, mientras que el portavoz de la Conferencia Episcopal italiana (CEI), Ivan Maffei, confirmó a la agencia de noticias Ansa que «la Iglesia italiana acogerá a un centenar».
Salvini ha mantenido un pulso a costa de estas personas con el objetivo de presionar a los países europeos para que acordaran su reubicación. Su posición ha sido criticada por la oposición en Italia y el líder del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Maurizio Martina, afirmó en las redes sociales que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, debe comparecer en el Parlamento para responder a las preguntas en relación al «secuestro» que ha practicado el Ejecutivo italiano.
El presidente de la Agencia italiana del Fármaco, Stefano Vella, presentó su dimisión a la ministra de Sanidad, Giulia Grillo, como protesta por el trato que el Gobierno italiano ha dado a estas personas.