La orden de registro a la vivienda del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017 - 2021), publicada este viernes, revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia. El fiscal general de EE.UU., el demócrata Merrick Garland, pidió al juez que la orden de registro y el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida) dejaran de estar bajo secreto de sumario, algo a lo que el exmandatario accedió y la orden se publicó.
En ella se indica que a Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos. Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de «alto secreto» o «confidencial». Entre ellas aparece un documento bajo el título «presidente de Francia» y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.
La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro. En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: Cualquier documento o caja con marcas de «clasificado», cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump. También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.
La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con «aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños» situada en una propiedad de 6,8 hectáreas y en la que se podía también revisar «la oficina 45», en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EE.UU. En la red social Truth, Trump se defendió al asegurar que «en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban 'incautarse' de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento, sin hacer política ni entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba en un almacén seguro. (...) Lo único que tendrían que haber hecho era preguntar». También este viernes, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) de Estados Unidos desmintió al expresidente republicano en su acusación de que su predecesor Barack Obama no había devuelto a ese organismo documentos tomados al abandonar la Casa Blanca en 2017.
Esa institución dijo en una breve declaración escrita que asumió la custodia «legal y física» del material presidencial de Obama cuando el mandatario demócrata dejó el poder. «NARA desplazó aproximadamente 30 millones de páginas de registros no clasificados a una instalación de NARA en el área de Chicago, donde los mantiene de forma exclusiva. Además, conserva los registros presidenciales clasificados de Obama en una instalación propia en la zona de Washington», señaló ese centro. El archivo nacional destacó en su nota que, según lo establecido por la ley, el expresidente demócrata no tiene ningún control sobre dónde y cómo está conservado el material de su Administración, que se prolongó de 2009 a 2017. Además, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Trump de «instigar los ataques contra las fuerzas del orden» por sus críticas al FBI tras el registro de su casa, como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
«Una vez más, está instigando ataques a las fuerzas del orden», apuntó Pelosi en una rueda de prensa ante la pregunta de si sucesos como el intento de ataque a una sede del FBI en Ohio podrían tener que ver con las críticas de Trump. En la mañana del jueves, un hombre intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.), por motivaciones aún desconocidas, y murió después a manos de la policía. Los republicanos, por su parte, mantuvieron su defensa de Trump, y exigieron a Garland que dé explicaciones sobre cuál es la supuesta «amenaza nacional» que habría justificado el registro de la casa de un expresidente, algo de lo que no hay precedentes en la historia de Estados Unidos.