Las quejas por la manera en que la policía belga cachea a los acusados en prisión preventiva por los atentados de Bruselas de 2016, a los que obligan a desnudarse por completo, llevaron a suspender hoy la audiencia del juicio por los ataques, que dejaron 32 víctimas mortales en el aeropuerto y el metro de la ciudad. Tras un parón de poco más de una semana por las vacaciones de Navidad, la primera audiencia de 2023 fue suspendida, como ya había ocurrido en otras ocasiones en este proceso, por las denuncias de los letrados contra las condiciones de traslado y, esta vez, también por la negativa de la policía a dar explicaciones sobre su protocolo.
El jefe de la unidad de la policía que se encarga de escoltar a estos acusados rechazó la petición que le hizo la presidenta del tribunal, la jueza Laurence Massart, de explicar ante la sala el protocolo que siguen para llevar hasta la sede del tribunal a los acusados, según informan medios locales. Todo esto después de que, al inicio de la sesión, varios abogados explicaran que este martes la policía practicó de nuevo a sus clientes cacheos con desnudo integral, pese a que un juez de primera instancia prohibió, el pasado 29 de diciembre, que se pudiesen seguir realizando, estimando así una petición de la defensa.
«Estamos en un Estado de no-Derecho. No imaginé que el Estado belga tuviese el valor de no ejecutar una decisión de un juez de medidas cautelares. Sé que Bélgica es el país del surrealismo, pero aquí vamos a fondo», denunció el abogado Jonathan De Taye, que representa al acusado Ali El Haddad Asuffi. La orden del pasado 29 de diciembre expone que ese tipo de registros con desnudo integral suponen una práctica degradante que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por ello, el juez dio a las autoridades un plazo de nueve días, que termina este sábado, para poner fin a esta práctica.
En señal de protesta, tres de los siete acusados en prisión preventiva (Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi y Ali El Haddad Asufi) no llegaron a comparecer hoy. Además, varios abogados defensores expusieron sus dudas sobre si siguen teniendo el mandato de sus clientes para representarlos, abriendo así la puerta a la paralización total del juicio, ya que, si un acusado no está presente en la sala ni está representado por un abogado, el proceso no puede continuar. Ante esta eventual situación, la Fiscalía y los abogados de las víctimas de los atentados de 2016 pidieron que el tribunal busque mecanismos para que el juicio pueda seguir adelante aunque, por parte de las víctimas, el letrado Alexandre Wilmotte hizo un llamamiento a «respetar los derechos de todas las partes».
Para evitar un posible bloqueo, la presidenta del tribunal ordenó preguntar a los policías encargados de los traslados cuál es su actual protocolo y pidió información, en concreto, sobre las medidas que habían adoptado este martes. Sin embargo, la negativa del jefe de la Dirección de Protección de la policía belga a dar cuenta sobre ello ante la sala precipitó el final de una sesión en la que apenas se abordaron cuestiones de fondo sobre los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016.
Estos ataques provocaron, en primer lugar, 16 fallecidos con una explosión en el aeropuerto de Zaventem, a las afueras de la ciudad, y luego, otros 16 muertos más con dos detonaciones en la parada de metro de Maelbeek de la capital belga, a unos 200 metros de la sede de la Comisión Europea. Casi siete años después de estos ataques, reivindicados por Estado Islámico, la justicia belga sienta a un total de diez imputados en el banquillo de los acusados, seis de los cuales ya fueron condenados en Francia por su participación en los atentados de París de 2015, en los que murieron 130 personas.