La oposición bielorrusa en el exilio acusa al régimen de Alexandr Lukashenko de deportar ilegalmente a más de 2.100 niños ucranianos a la antigua república soviética, un crimen de guerra que ya ha denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI). «Según los datos que logramos recopilar, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, más de 2.100 niños ucranianos fueron trasladados ilegalmente desde los territorios ocupados de Ucrania», dijo a EFE el exiliado exministro bielorruso de Cultura, Pável Latushko.
«El movimiento se llevó a cabo desde 15 ciudades ocupadas en territorio de Ucrania», indicó.
El dirigente opositor explicó que los menores ucranianos son trasladados a cinco campamentos en Bielorrusia, cuatro de los cuales están en la región de Minsk y uno en la de Gómel. «La decisión sobre la financiación, sobre la organización del traslado de los niños ucranianos a Bielorrusia, la toma personalmente (el presidente) Alexandr Lukashenko (...)», afirmó.
El dinero para financiar la deportación forzosa de los niños sale del presupuesto de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia y los documentos relevantes han sido firmados por el propio Lukashenko. «Tenemos números, fechas, copias de estos documentos. También tenemos documentos firmados por el secretario de Estado del Estado de la Unión, Dmitri Mézentsev», dijo Latushko. Mezéntsev dijo en junio que unos 2.000 niños de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk visitaron «sanatorios» en la región de Minsk, pero que esto se hacía acorde a los procedimientos legales y con el consentimiento de sus padres o tutores.
En los documentos recabados por la oposición, el funcionario ruso indica cuántos niños sacaron (de Ucrania) y cuántos sacarán, «que entre ellos hay huérfanos, su ruta y una serie de datos más que prueban la ilegalidad de estas acciones», subrayó Latushko. Según el dirigente opositor también existen «pruebas de que estos niños están siendo reeducados en territorio de Bielorrusia» por parte de «los propagandistas rusos y bielorrusos, y varias organizaciones» a fin de cambiar la percepción de su patria.
Además, señaló, su equipo tiene «pruebas de que varios huérfanos, después de permanecer en Bielorrusia, fueron trasladados a Rusia para residir allí. Es decir, no regresaron a territorio de Ucrania».
En el traslado forzoso de niños ucranianos a Bielorrusia hay otros tres sospechosos de organizar y asistir a este crimen, dijo.
El medio independiente Zerkalo apuntó hoy además al secretario general de la Cruz Roja de Bielorrusia, Dmitri Shevtsov, que dijo en la televisión pública bielorrusa que la organización «ha participado, participa y participará activamente en esto», pero era para que los niños «se curasen» y «se olvidasen del horror» de la guerra.
El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, pidió hoy una orden de arresto contra Shevtsov, por haber «públicamente confesado el crimen de deportación ilegal de niños desde zonas ocupadas en Ucrania. Todos los responsables de robar a niños ucranianos deben rendir cuentas», tuiteó. La CPI, que recibió la documentación de la oposición bielorrusa el pasado 27 de junio, emitió en marzo una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de Ucrania a Rusia. También emitió otra orden de arresto contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, que ha adoptado un menor de la ciudad ucraniana de Mariúpol.