El Tribunal Superior de Irlanda del Norte dictaminó este miércoles que la ley que ofrece una amnistía condicional a los implicados en crímenes cometidos durante el pasado conflicto en la provincia británica es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. El juez instructor, Adrian Colton, declaró que no existen evidencias de que las disposiciones legales encaminadas a conceder una amnistía bajo ciertas condiciones contribuirán al proceso de reconciliación en la región, tal y como sostiene el Gobierno del Reino Unido.
El Gobierno británico aprobó el pasado septiembre la llamada Ley del Conflicto (Legado y Reconciliación) de 2023, a pesar de que cuenta con el rechazo de los grupos de víctimas, los principales partidos políticos norirlandeses y el Ejecutivo de la República de Irlanda. La polémica legislación ofrece a miembros de las fuerzas de seguridad y a los paramilitares, ya sean protestantes o católicos, inmunidad ante procesos penales y civiles si colaboran con una comisión independiente creada para obtener información y favorecer la reconciliación, según Londres.
En este contexto, todos los procesos judiciales, incluidas las investigaciones especiales, que no hayan llegado al final de su instrucción y estén listos para emitir un veredicto concluirán su actividad el próximo mayo. En su sentencia, Colton sostuvo este miércoles que las disposiciones sobre la amnistía recogidas en la sección 19 de la nueva ley «violan los derechos del demandante principal» protegidos por el artículo 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
«No hay pruebas de que la concesión de inmunidad en virtud de la ley contribuya de alguna manera a la reconciliación en Irlanda del Norte; de hecho, la evidencia demuestra lo contrario», agregó el magistrado. Tras conocer esta decisión, el ministro británico para la región, Chris Heaton-Harris, opinó que se trata de «un caso muy complejo» y que la estudiará en detalle, al tiempo que advirtió de que el Gobierno de Londres sigue comprometido en la aplicación de la legislación.
Este caso ha llegado al Tribunal Superior de Belfast tras la denuncias de varias organizaciones de víctimas, que han contado con el apoyo de Amnistía Internacional y arguyen que Londres pretende con la ley proteger a los militares británicos. En paralelo a esta iniciativa judicial, que puede ser recurrida en el Supremo, el Gobierno irlandés anunció el pasado diciembre que ha presentado una demanda legal «interestatal» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Ejecutivo del Reino Unido.