El sur y el norte global siguen arrastrando su tradicional brecha en la negociación financiera, dadas las enormes diferencias entre el dinero que solicita una parte y lo que está dispuesta a aportar la otra, para ayudar a los países más pobres a afrontar la emergencia climática, de acuerdo a la propuesta presentada por la presidencia de la COP29.
Así lo aseguran los representantes de organizaciones de la sociedad civil y ecologistas, aunque reconocen que el texto con propuestas para desatascar las negociaciones supone un paso importante porque ha reducido las opciones y eso facilita la posibilidad de llegar a acuerdos. Se ha pasado de un escenario de 15 opciones a solo dos grandes planteamientos en el tema de la financiación para determinar un nuevo objetivo colectivo cuantificado (new collective quantified goal, o NCQG), ha explicado Carola Mejía, coordinadora de Justicia climática en la red latinoamericana por justicia económica y social Latindadd.
Se ha pasado de un texto «demasiado ambiguo a otro más definido, con menos opciones en la mesa para facilitar la negociación», ha añadido. «Al menos es un texto más claro», ha dicho. La brecha entre la cantidad de dinero propuesta por el norte global para apoyar a los países vulnerables para hacer frente a los desastres climáticos sigue siendo sin embargo muy grande, según Mejía. Ha explicado que el norte global plantea aportar algo más de 100.000 millones de dólares anuales mientras que el sur global necesita al menos 1,3 billones de dolares dado que los daños son millonarios y de hecho la sociedad civil reclama 5 billones por año para los países más pobres, ha recordado.
Se mantienen diferencias muy grandes también respecto a los tiempos de implementación de los supuestos desembolsos financieros con destino a los países pobres para la lucha climática, ha añadido. El sur global pide que el dinero de los países pudientes sea movilizado y canalizado en un plazo de entre el años 2025 al 2035, es decir, a partir del próximo año. En el texto recién presentado sin embargo la propuesta de los países del norte sería movilizar el dinero a partir de 2035, bajo el argumento de disponer de tiempo para «ir escalando» el desembolso financiero, indica Mejía. Otra de las divergencias entre el norte y sur global radica en el modelo de reparto de fondos.
El norte dice que no hay suficiente dinero público si solo aportan los países desarrollados y que se necesita financiación privada de forma paralela, es decir, filantropía, banca multilateral, nuevos actores, otros países también contribuyentes. También está el interrogante que plantea la supuesta base de receptores de la financiación. Todavía no se ha definido si habrían de incluirse metas más regionales, por ejemplo para priorizar a los pequeños Estados insulares menos desarrollados, aunque eso todavía no está en discusión, según Mejía. Los países del sur demandan además que las contribuciones financieras sean en forma de subvenciones para no endeudar más a los países en desarrollo, muy ahogados ya en términos de apalancamiento financiero. Otro punto de desencuentro entre norte y sur tiene que ver con el tema de la inclusión de mercados de carbono como una de las opciones para justificar contribuciones financieras.
Estos mercados de carbono voluntarios «son una falsa solución». «No deberían ser contabilizados como financiamiento climático, porque ofrece a los que más contaminan la opción de seguir contaminando mediante la compra de bonos de carbono». Se necesitan soluciones eficaces. «Tenemos que reducir las emisiones y no queda tiempo», ha advertido.
Por su parte, Tracy Carty, experta en política climática de Greenpeace Internacional, cree que el norte global ha llegado a Bakú con un plan estructurado: conseguir un gran objetivo que abarque todos los flujos financieros, incluidos los del sector privado y los del sur global, para «distraer la atención de sus miserables ofertas» de financiación pública. La prioridad radica en «billones, no miles de millones, en financiación climática pública» para apoyar a los países del sur global de los crecientes impactos del clima y para cumplir con los planes climáticos hasta 2035, ha argumentado Carty. La ecologista ha reconocido que el borrador incluye un apoyo claro para que las empresas de combustibles fósiles y grandes industrias contaminantes asuman la factura de los daños climáticos y ha hecho hincapié en que la financiación climática de los países del norte global se incluya en el acuerdo final.