Víctor de Aldama, el comisionista investigado en el caso Koldo, ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según ha afirmado, dicho sobre estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, organización que preside Pedro Sánchez desde hace varios años. Esta declaración, en el marco del llamado caso hidrocarburos, se produce después de que Aldama pasara un mes en prisión por el fraude millonario en el IVA de la empresa Villafuel, antes de decidirse a colaborar con la Justicia, según han informado fuentes jurídicas.
Las afirmaciones de Aldama sitúan nuevamente en el centro del debate mediático a la compañía petrolera estatal venezolana, una empresa que ha protagonizado numerosos escándalos internacionales en los últimos años. La mención de PDVSA en el contexto de una supuesta financiación irregular a formaciones políticas españolas abre un nuevo frente judicial que podría tener importantes repercusiones tanto en nuestro país como en lo relativo a las relaciones diplomáticas con Venezuela. El magistrado Pedraz deberá determinar la veracidad de estas acusaciones y su posible alcance en las investigaciones en curso.
Para comprender la relevancia de estas declaraciones, resulta fundamental conocer la historia y trayectoria de PDVSA, una empresa que ha pasado de ser uno de los principales motores económicos de Venezuela a convertirse en símbolo de la crisis y la corrupción que ha atravesado el país caribeño en los últimos tiempos. Los escándalos de gestión, las acusaciones de malversación y su implicación en tramas internacionales han marcado la última década de esta compañía petrolera.
Historia y origen de Petróleos de Venezuela
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fue fundada el 1 de enero de 1976 tras la nacionalización de la industria petrolera venezolana decretada por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La compañía surgió como resultado de la fusión de las concesiones que hasta ese momento operaban empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, en territorio venezolano. Durante sus primeras décadas de existencia, PDVSA se consolidó como una de las empresas petroleras más importantes del mundo y el principal motor económico de Venezuela.
En su época de mayor esplendor, PDVSA llegó a ser la tercera productora de petróleo a nivel mundial y controlaba una extensa red de refinerías tanto en Venezuela como en el extranjero, incluida la cadena de estaciones de servicio Citgo en Estados Unidos. La empresa contaba con una plantilla altamente cualificada y mantenía estándares técnicos comparables a los de las grandes petroleras internacionales. Los ingresos generados por PDVSA representaban aproximadamente el 95 % de las exportaciones venezolanas y más del 50 % del presupuesto nacional.
Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un punto de inflexión en la gestión de la compañía. El gobierno bolivariano implementó políticas de control estatal más estrictas y utilizó los recursos de PDVSA para financiar programas sociales y misiones gubernamentales. Tras el paro petrolero de 2002-2003, que buscaba forzar la salida de Chávez del poder, el presidente procedió a despedir a aproximadamente 18.000 empleados de PDVSA, muchos de ellos técnicos y gerentes con décadas de experiencia y un destacado know how del negocio.
Declive de la producción
A partir de 2003, la producción de petróleo en Venezuela comenzó un declive sostenido que se ha agravado en los últimos años, en parte también por influjo de las sanciones internacionales al régimen dominante en Caracas. Si en 1998 el país producía cerca de 3,5 millones de barriles diarios, en 2024 esa cifra había caído por debajo de los 800.000 barriles diarios, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta caída se debe a múltiples factores: la falta de inversión en mantenimiento e infraestructura, la corrupción generalizada, las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y otros países, y la salida masiva de personal cualificado.
La crisis de PDVSA ha tenido consecuencias devastadoras para la economía venezolana, contribuyendo significativamente a la hiperinflación, el desabastecimiento y la crisis humanitaria que ha forzado a más de siete millones de venezolanos a emigrar. Las refinerías del país, que antiguamente procesaban petróleo para consumo interno y exportación, operan hoy a una fracción mínima de su capacidad, obligando a Venezuela a importar combustible a pesar de poseer las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, que asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013, la situación de PDVSA se deterioró aún más. La empresa acumuló miles de millones de dólares en deudas impagadas, perdió el control de activos en el extranjero que fueron embargados por acreedores, y vio cómo su producción se desplomaba año tras año. Los intentos de reactivación mediante acuerdos con empresas chinas, rusas e iraníes no han logrado revertir la tendencia negativa. Cabe señalar que, en los últimos compases de Maduro en el poder, PDVSA ha estado directamente manejada por Delcy Rodríguez, la que, a la postre, sería su sucesora al frente del Palacio de Miraflores.
Escándalos de corrupción
Además del declive productivo, PDVSA ha sido el epicentro de múltiples escándalos de corrupción que han salpicado a funcionarios venezolanos y extranjeros. En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios ejecutivos de la petrolera de recibir sobornos por contratos inflados, lo que derivó en procesos judiciales tanto en territorio estadounidense como en otros países. Decenas de exdirectivos de PDVSA han sido investigados, procesados o condenados por delitos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
Uno de los casos más resonantes fue el conocido como 'escándalo Odebrecht', en el que la constructora brasileña pagó millonarios sobornos a funcionarios venezolanos, muchos de ellos vinculados a PDVSA, para obtener contratos inflados. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que se extendía por varios países latinoamericanos y que implicaba a altos cargos del gobierno venezolano. Algunos de los exministros de Petróleo de Venezuela han sido señalados en estas tramas.
En 2018, Estados Unidos impuso sanciones directas a PDVSA con el objetivo de presionar al gobierno de Maduro para que abandonara el poder. Estas sanciones prohibieron a empresas estadounidenses hacer negocios con la petrolera venezolana y congelaron activos por miles de millones de dólares. La medida agravó la crisis económica venezolana pero no logró el cambio de régimen deseado por Washington. Posteriormente, otros países occidentales adoptaron medidas similares.
PDVSA y sus vínculos internacionales controvertidos
A lo largo de los años, PDVSA ha sido mencionada en múltiples investigaciones internacionales relacionadas con posibles financiaciones irregulares a partidos políticos y movimientos de izquierda en América Latina y Europa. Algunos informes de inteligencia estadounidense y europea han señalado que el gobierno venezolano habría utilizado fondos de la petrolera para apoyar a aliados políticos en otros países, aunque muchas de estas acusaciones no han sido probadas en tribunales.
En España, el nombre de PDVSA había aparecido previamente en informes policiales relacionados con el chavismo y Podemos, aunque sin que se llegara a establecer una conexión probada de financiación ilegal, como ha sucedido con las investigaciones en torno al ex eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, escrutado por lo que su defensa circunscribe a las actividades de la llamada policía patriótica del último Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Las declaraciones de Aldama este jueves suponen una inédita vuelta de tuerca a dichas acusaciones, al implicar directamente al PSOE y establecer un presunto vínculo directo a través de la entrega de un sobre por parte de Delcy Rodríguez, quien ostenta el cargo de presidenta de Venezuela desde hace menos de un mes.
La figura de Delcy Rodríguez ha sido especialmente controvertida en España desde el incidente del aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos se reunió con ella de forma irregular, dado que Rodríguez tenía prohibida la entrada al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea. Aquel episodio, que ya forma parte del caso Koldo, derivó en la salida de Ábalos del Gobierno y su posterior expulsión del PSOE tras las revelaciones sobre la trama de corrupción.
Por su parte, el PSOE ha negado categóricamente cualquier tipo de financiación irregular procedente de Venezuela o de PDVSA. Fuentes del partido han calificado las acusaciones de Aldama como «infundios sin ninguna base» destinados a desestabilizar al Gobierno y han mostrado su confianza en que la investigación judicial demostrará la falsedad de estas afirmaciones. La Internacional Socialista, organización que agrupa a partidos socialdemócratas y socialistas de todo el mundo, no se ha pronunciado aún sobre estas acusaciones.
¿Cuál es la situación actual de PDVSA?
En la actualidad, PDVSA opera con enormes dificultades y su producción continúa siendo una fracción de lo que fue en el pasado. La empresa enfrenta una deuda externa estimada en más de 60.000 millones de dólares y ha perdido el control de importantes activos en el extranjero debido a embargos y procesos judiciales. Las sanciones internacionales limitan severamente su capacidad de operar en los mercados globales y de acceder a tecnología y servicios especializados.
El gobierno de Maduro primero , y ahora de Rodríguez, ha intentado reactivar la producción mediante asociaciones con empresas de países aliados como China, Rusia, Irán y Turquía, aunque los resultados son limitados. Algunas empresas españolas que mantenían contratos con PDVSA han debido retirarse o reducir drásticamente su presencia debido a las sanciones y a los problemas de pago. La situación de la petrolera venezolana sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier recuperación económica del país caribeño. Las acusaciones vertidas por Aldama podrían complicar aún más las ya tensas relaciones entre España y Venezuela. Finalmente, cabe señalar que el gobierno de Maduro en manos de su sucesora, Delcy Rodríguez, y el ejecutivo de Pedro Sánchez han mantenido una relación ambigua, con momentos de acercamiento y otros de fuerte tensión, especialmente en lo relativo al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.