El Gobierno ha retirado su propuesta de aumentar en 10 años la base para calcular la cuantía de las pensiones, que figuraba en su Actualización del Programa de Estabilidad para 2009-2013 enviado a Bruselas, tras la polémica generada en los grupos parlamentarios y los sindicatos.
Esta propuesta iba vinculada a la de ampliar la edad de jubilación y consistía en aumentar en diez años la base para calcular su cuantía -la mayoría de las pensiones se calcula actualmente con los últimos quince años de la vida laboral-, pero fue después suprimida del texto remitido a la Comisión Europea. Tras hacerse eco los medios del texto, el Gobierno se apresuró a asegurar que se trataba sólo de un "ejemplo" o "simulación", como lo tildó el Ministerio de Economía. En el texto inicial se afirmaba que, si se eleva en dos años la edad de jubilación (hasta los 67) y se aumenta en una "década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030".
Además, en la introducción del documento, el texto decía que, junto con la propuesta de alargar la edad de jubilación, "la reforma va más allá", ya que "se propone ampliar el número de años computados para calcular la pensión". En una nota de prensa, Economía aseguró más tarde que el Gobierno "no ha propuesto ampliar" en diez años el cómputo y que se trataba de "una simulación que ha podido interpretarse como una propuesta concreta". Por ello, añadió, el Gobierno remitió por la mañana a la Comisión Europea una corrección a la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y ha eliminado el "ejemplo" del documento.
Tras conocer la propuesta inicial del Gobierno, las críticas y el rechazo de los sindicatos y de los grupos parlamentarios se sucedieron. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue el primero en rechazar la elevación del cómputo y pidió al Ejecutivo que deje de "meter a la población en una especie de sobresalto continuo". Para Toxo el Gobierno debe dejar de "sobreactuar", debe concretar de una vez sus propuestas y dejar atrás su política "compulsiva" de ir "soltando a borbotones ideas u ocurrencias".
Esto, advirtió, está "creando un clima difícil para el país" y "próximo a la crispación social", aunque prefirió "no hablar" de la convocatoria de una huelga general. También UGT expresó su rechazo a que se amplíe la edad de jubilación, el período de cálculo o el número mínimo de años que hay que cotizar. A la tranquilidad llamó el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas CEPYME, Jesús Bárcenas, quien considera que la reforma debe hacerse con "sosiego" y de forma consensuada, ya que "no puede salir del Gobierno ni de ningún grupo social".
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó que el Gobierno vuelva a "las andadas con las filtraciones", al tiempo que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, pidió al Ejecutivo que "deje esta novela por entregas, que un día es un 'pensionazo', al otro, un tijeretazo en un sistema de pensiones que es de los más baratos de Europa". Emilio Olabarría (PNV) rechazó que la iniciativa de reforma no se haya consensuado antes con los grupos parlamentarios o los agentes sociales y consideró, además, "inaceptable" elevar hasta los 67 años la edad de jubilación.
Los grupos instan a Salgado y Corbacho a comparecer
Los portavoces de los grupos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo instaron ayer al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, a comparecer para explicar la propuesta de reforma de las pensiones.
Así lo acordó por mayoría la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de esta comisión, que solicitó primero la comparecencia de Corbacho, previsiblemente la semana del 15 de febrero, y posteriormente la de Salgado.
Tras estas comparecencias, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo también fijó que acudan al Congreso diversas asociaciones de viudedad, así como colectivos de jubilados y discapacitados. El portavoz del PP en dicha comisión, Tomás Burgos, previó que "en dos o tres sesiones" finalicen todas las comparecencias.