El Gobierno ha acordado otorgar al Ministerio de Fomento la organización de la prestación de servicios del control aérea. De este modo, AENA seguirá prestando los servicios de tránsito aéreo y control de aproximación, y podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas. Por otra parte, los trabajadores no podrán exceder su trabajo anual de 1.7505 horas ni de 80 horas extraordinarias, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el cual se transfiere al departamento de Fomento la organización del trabajo de los controladores aéreos. Según el BOE, en el que fue publicado de urgencia, Fomento podrá designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea "Siempre que se encuentren debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de un Estado miembro de la UE".
Los servicios de tránsito aéreo y control de aproximación continuarán prestándose directamente a través de AENA, pero el Ministerio de Fomento que da a cargo de designar a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeropuerto, lo que se hará a propuesta del gestor aeroportuario. Así, AENA podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas.
Del mismo modo, AENA asume gracias al Real Decreto la organización del trabajo de los controladores, marcando una media máxima anual de jornada de 1.750 horas y un máximo de 80 horas extraordinarias trabajadas al año "en conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores". La jornada a turnos de cada controlador tendrá una duración "no superior a doce horas por servicio" y el tiempo de descanso durante la jornada será de un 25% del tiempo de la duración de la jornada diurna y de un 33% de la duración de la jornada nocturna.
Dificultades economicas
Por otra parte, las disposiciones generales del texto revelan "deficiencias organizativas y falta de eficiencia económica" en el modo en que ejerce la función de proveedor de estos servicios Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Por lo tanto, el ente público hace frente a "claras dificultades que actualmente tiene AENA para garantizar tanto la continuidad en la prestación de los servicios de tránsito aéreo como su sostenibilidad económica y financiera".
La Unión Sindical de Controladores Aéreos anunció ayer que emprenderá acciones legales ante el Real Decreto aprobado por e Gobierno.