La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Baltasar Garzón, que investiga el supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración del jefe del equipo de investigación y otros dos agentes de este operativo, así como solicitar a las francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa. La Sala entiende que los hechos tienen "la gravedad suficiente como para exigir el máximo de celo investigador".
Así se desprende de un auto dictado ayer lunes, en el que el tribunal estima que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, por lo que "de ser realizados con miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España".
En este sentido, los magistrados Angel Hurtado (presidente), Enrique López (ponente) y Julio de Diego destacan que el soplo a ETA, que se habría producido el 4 de mayo de 2006, tiene "la gravedad suficiente como para exigir el máximo de celo investigador, transparencia y, sobre todo, agotar al máximo de la investigación".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En el procedimiento están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.
Nueva línea de investigación
No obstante, los magistrados superiores a Baltasar Garzón creen que el juez debería haber tenido en cuenta "una nueva línea de investigación", ya que el propio Joseba Elosúa señaló en su declaración judicial que quien le llamó era la persona que "controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo cual, según el tribunal, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección".
El PP aplaude la decisión
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, se congratuló de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya ordenado al juez Baltasar Garzón que siga investigando el supuesto 'chivatazo' que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, y que de esta manera haya "enderezado" la actuación del juez.