Los trabajadores del Metro de Madrid secundaron ayer totalmente la tercera jornada de huelga, que seguirá hoy y mañana con servicios mínimos, en contra de lo que ha ocurrido en los dos últimos días, para dar paso a una tregua durante el fin de semana y el lunes con el retorno de los trenes a las vías.
La jornada, segunda consecutiva sin que un convoy saliera de las cocheras, ha discurrido como la anterior: estaciones y andenes vacíos, largas esperas en las paradas de autobús y taxis, resignación entre los dos millones de ciudadanos que cada día se mueven en el suburbano y cuatro trabajadores heridos leves al intentar incorporarse a sus puestos.
Los empleados de Metro, reunidos en asamblea, han votado el mantenimiento de los paros durante las próximas 48 horas, pero con el compromiso de respetar los servicios mínimos del cincuenta por ciento que ha fijado el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Para el comité de huelga, integrado por CCOO, UGT, Sindicato de Conductores, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre, se trata de un "gesto hacia el pueblo de Madrid" que acabará cuando un trabajador sea sancionado.
Sin embargo, fuentes de Metro han informado a Efe de que la dirección ha comunicado ya cuatrocientos expedientes disciplinarios a trabajadores de la compañía por incumplir los servicio mínimos.
La compañía también ha informado de que en estos dos últimos días ha dejado de ingresar 6,4 millones de euros en total y ha pedido a la Consejería de Sanidad que investigue las 490 bajas por incapacidad temporal registradas ayer, 140 más de lo habitual.
La reapertura del servicio hoy, con un funcionamiento de la mitad de los trenes, abre la puerta a una eventual negociación, ya que ésa es la exigencia de la dirección de Metro. Las críticas al incumplimiento de los mínimos se han sucedido en la arena política, como ha hecho el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para quien los sindicatos "se han equivocado profundamente", o el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, que llegó a plantear la posibilidad de pedir ayuda al Ejército para que los militares conduzcan los convoyes de Metro.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pidió a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que ejerciera su responsabilidad y se sentara con los convocantes de la huelga para buscar una solución al conflicto.
La respuesta le llegó desde el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, cuyo portavoz, David Pérez, consideró que De la Vega había "insultado" a los madrileños "al ponerse al lado de los piquetes".
El ministro de Fomento, José Blanco, censuró a quienes "han promovido" el incumplimiento de los servicios mínimos y apostó por aplicar la ley para sancionar a quienes la han vulnerado "con toda claridad".
Desde las organizaciones CCOO y UGT, sus máximos dirigentes, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han responsabilizado de la huelga al Gobierno regional, al igual que el secretario general de los socialistas madrileños (PSM), Tomás Gómez, quien se ha mostrado convencido de que Esperanza Aguirre "llevaba algunas semanas provocando" una situación como la que se ha producido.
La respuesta de Aguirre ha sido calificar la huelga de "política" y afirmar que está dirigida en su contra, ya que "pocas veces se ha visto más claro cómo los sindicatos actúan de correa de transmisión de maniobras políticas"