Las Fuerzas de Seguridad de Venezuela incumplen desde el pasado mes de marzo la orden de detención internacional cursada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra Arturo Cubillas Fontán, el cargo de la Administración de Hugo Chávez que, según el juez Ismael Moreno, adiestró en 2008 a los presuntos etarras detenidos la semana pasada en Guipúzcoa.
Velasco ordenó el pasado 1 de marzo a Interpol la busca y captura de Cubillas Fontán tras procesarles, junto a otros cinco presuntos etarras y otros seis supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un auto en el que alertaba de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Gobierno de Venezuela no ha llevado a cabo desde entonces ninguna actuación para cumplir con el requerimiento judicial de la Audiencia Nacional, que incluye su extradición a España, lo que ha impedido al juez Velasco realizar nuevas diligencias que contribuyan al desarrollo de la investigación.
En marzo pasado el Gobierno de Hugo Chávez solicitó los antecedentes penales de Cubillas Fontán, procesado por tenencia de explosivos y colaboración con organización terrorista, aunque al mismo tiempo advirtió de que sólo actuaría contra terroristas ante "pruebas irrefutables que demuestren objetivamente actividades de esa naturaleza".
El 18 de marzo el ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissimi, defendió que Cubillas Fontán "ingresó al país hace 21 años" y que cuando optó a la nacionalidad venezolana "no tenía antecedentes penales ni policiales ni estaba solicitado en ninguna parte del mundo".
Tampoco han fructificado las gestiones realizadas por el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, quien se desplazó a Venezuela en mayo pasado para tratar de mejorar la cooperación policial entre ambos países en la lucha contra ETA.
En su resolución, el juez Velasco acusaba a los procesados --entre ellos el etarra José María Zaldua Corta, fallecido en septiembre pasado en la localidad francesa de Aix en Provence-- de compartir información sobre el manejo de explosivos. Además, sostenía que ETA y las FARC proyectaron la comisión conjunta de varios asesinatos, entre ellos los del ex presidente del país sudamericano Álvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.