El Gobierno griego aprobó ayer reducir en 30.000 funcionarios su sector público este mismo año, tras un acuerdo con los inspectores de la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).
La decisión fue adoptada en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada por el jefe de Gobierno, Yorgos Papandréu, con el objetivo de ahorrar 300 millones de euros hasta final de 2012, según un comunicado del portavoz oficial griego, Ilias Mosialos.
Concretamente, los 30.000 empleados estatales pasarán en un primer momento a obtener el "estatus de reserva", previsto cuando se considera que hay un número redundante de funcionarios. Ello implica el cobro del 60 por ciento del sueldo durante un año, a la espera de ser recolocado, despedido o jubilado.
"La decisión es el resultado de largas y difíciles negociaciones con la 'troika' (la misión inspectora de la CE, el FMI y el BCE), la cual insistió en que la reserva debería ser la cámara anterior a los despidos, y no un paso previo a la jubilación adelantada", se dice en la nota.
En la lista de reserva entran unos 20.000 funcionarios públicos que se jubilarían en los próximos dos años o aquellos que pueden hacerlo de forma anticipada.
Otros funcionarios que habían permanecido en sus puestos haciendo uso del derecho de trabajar tras el derecho de jubilación, serán despedidos ahora.
El resto vendrá del despido de empleados de los 151 organismos estatales que deben reducir su plantilla en un 10 por ciento este año.
Hasta fines del año 2013, el objetivo es reducir los organismos estatales en un 30 por ciento.
Según analistas griegos, hacia 2013 estas medidas afectarán, de los 900.000 que totalizan actualmente los funcionarios públicos, a 150.000 empleados.
Así se garantiza de forma inmediata un resultado de beneficios fiscales.