El Gobierno negó ayer que se dañe a los opositores y que se quiera castigar a alguna Comunidad al anular los nuevos temarios de las pruebas de profesorado, aunque sindicatos, estudiantes y PSOE creen que se pretende dificultar las oposiciones en las pocas autonomías donde se han convocado.
Además, los sindicatos CCOO-Andalucía y CSI-F apuntaron la posibilidad de recurrir judicialmente la derogación de los temarios para el ingreso y adquisición de especialidades docentes en la enseñanza pública no universitaria vigentes desde el 1 de enero pasado, que se habían publicado el 18 de noviembre de 2011.
Educación sacó la orden para este fin el lunes en el BOE por razones "objetivas" y de "interés general", y restableció los temarios anteriores (de 1993 y 1996) "provisionalmente".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo que el efecto práctico de la decisión es "limitadísimo" por que son "muy pocas" las comunidades que están en la idea de convocar plazas y "apenas" ha pasado tiempo desde que se aprobaron los temarios ahora derogados, que consideró insuficientes para una profesorado de calidad, y se vuelve a los que se venían estudiando habitualmente.
Relacionó la decisión con el compromiso electoral del PP, como cuestión "de fondo", de cambiar "sustancialmente" el modelo de acceso a la carrera docente pública, para que sean seleccionados los mejor capacitados.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, espera que la decisión ministerial no pretenda "bloquear" alguna oferta de empleo público de este año, como la de Andalucía, "pero todo parece que esa es la intencionalidad".
"Si pretenden desanimar a las comunidades que han convocado plazas, eso es una mala táctica", enfatizó el presidente de ANPE, Nicolás Fernández.
El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, acusó al Gobierno de "condenar" a 60.000 opositores por cambiarles los temarios sin avisar, cuando ya se habían gastado dinero y tiempo, si bien Wert indicó que ese número es "muy exagerado".
Esta "falta enorme de responsabilidad", según Bedera, supone un "castigo" a las comunidades que, en contra de la "recomendación" del Gobierno, anunciaron que iban a convocar plazas este año, aunque el perjuicio real recae en los "más débiles", los opositores.
El portavoz parlamentario del PSOE en Andalucía, Mario Jiménez, interpretó que la medida "sólo" es para "acosar" a esta comunidad.
El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, pidió a Wert que rectifique esta decisión "unilateral" sin la consulta previa a las CCAA como es "preceptivo", y confirmó que se mantiene la convocatoria de 2.389 plazas de secundaria, cuyos exámenes serían en junio, según fuentes de la consejería.
También estudiantes de Andalucía y la industria editorial criticaron el cambio de los temarios, que los opositores atribuyeron a una decisión política del PP para perjudicar a la Junta.
Ese cambio significa que el trabajo editorial de los últimos meses no tenga validez, según Narciso Sánchez, director de MAD, que vende libros de oposiciones para toda España.
Los opositores, por su parte, se concentraron ante las delegaciones de Educación en las capitales andaluzas.
En Sevilla se congregaron representantes de CCOO y de UGT y una decena de estudiantes, entre ellos Carmen Espinar, quien interpretó que es "una estrategia" del Gobierno central para que los opositores digan que no quieren las oposiciones.
IU, al igual que el PSOE, pidió la comparecencia urgente del ministro en el Congreso, y considera que es una medida improvisada e irresponsable y "contra las comunidades".