Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT van a iniciar a partir del próximo día 19 una campaña de movilizaciones creciente y sostenida contra la reforma laboral y han supeditado la convocatoria de una huelga general al apoyo de la sociedad y a que el Gobierno cambie en la tramitación de la norma lo aprobado. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se reunieron ayer, acompañados de sus respectivas ejecutivas, para analizar la reforma aprobada por real Decreto-Ley, pero que va a ser tramitada como proyecto de Ley.
En rueda de prensa conjunta, Toxo dejó claro que no va a ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien les fije cuándo han de ir a la huelga. Ahora lo que toca es concienciar a la sociedad y a los trabajadores de los cambios introducidos en la reforma laboral, destacó Méndez, quien precisó que esa labor "pedagógica" se iniciará en la manifestación que han convocado para el próximo día 19 de febrero en todas las calles de España.
A la pregunta de si temen que los ciudadanos no quieran la huelga, Toxo respondió que lo que percibe es que la sociedad quiere soluciones al paro y no una respuesta "explosiva" de un solo día.
La idea es que el 19 de febrero se convierta en un clamor contra la reforma laboral, indicó Toxo, para quien la reforma lo que hace es abaratar el despido, lo que la convierte en "radical", no está justificada y va a tener un efecto contrario al deseado, porque a corto plazo va a seguir la destrucción de empleo. Además, consideró que la reforma ha venido impuesta por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), y por los gobiernos alemán y francés, además de haber sido redactada con la pluma de las organizaciones empresariales CEOE y Fedea.
Sin autonomía
Méndez aseguró que el Gobierno ha aprobado la reforma porque actúa como si España fuera un país intervenido, al igual que Portugal. En su opinión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa "sin autonomía y ha asumido la lógica de que el país está intervenido", insistió. De la reforma también dijo que es "inútil" y "desequilibrada" y calificó de "letal" que las empresas que tengan caídas de ingresos o ventas durante tres trimestres puedan despedir con 20 días.
A medio plazo pronosticó que habrá más precariedad, porque la única vía de salida a la crisis implantada es el despido, lo que vendrá acompañado de elevados niveles de desempleo y baja productividad, que se traducirá en un mayor empobrecimiento de la sociedad. Del nuevo contrato indefinido para pymes y autónomos Méndez opinó que es una manera "burda" de reducir estadísticamente los contratos temporales.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió que lo que se busca con una "muy pensada" reforma laboral es que no haya despidos y subrayó que la nueva normativa reconoce los derechos adquiridos por los trabajadores. La reforma laboral, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite al empresario recortar sueldos y jornadas unilateralmente, fijar vacaciones, suspender contratos y cambiar las funciones de sus trabajadores si existen "probadas" razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.