El polémico hotel de 400 habitaciones construido en plena orilla del mar del parque natural de Cabo de Gata tiene los días contados.
La sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que establece en 100 metros el deslinde urbanístico en esa zona protegida hace "ilegal e ilegalizable" la edificación, que se levanta a solo 50 de la playa conocida como El Algarrobico.
José Ignacio Domínguez, el abogado de Greenpeace encargado de seguir los muchos procesos abiertos contra la construcción, que se suspendió en 2006, a meses de su inauguración y con un 95 por ciento de obra completada, aseguró a EFE que "ya solo queda la demolición".
Aunque la sentencia no lo establece, no hay otra forma de cumplirla que derribar al menos la mitad del hotel tal como está construido ahora, dijo.
La administración, explicó, cualquiera de las tres involucradas en los procesos judiciales, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del que depende el parque, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, podrían ya, "mañana mismo", actuar de oficio e iniciar el derribo.
El proceso legal contra el hotel de "El Algarrobico", con una veintena de pleitos abiertos, se inicia en enero de 2003, cuando se autoriza en Carboneras la licencia municipal para la construcción del complejo hotelero "Azata del Sol".
El permiso de obras se fundamenta en un Plan Parcial de urbanización del sector, con fecha de mayo de 1988, que debió ser revisado para adaptarse a la Ley de Costas aprobada en julio del mismo año y no se hizo.
Ese detalle permitió que el hotel no respetara los 100 metros obligatorios de distancia de la línea de costa.
A pesar de las muchas protestas protagonizadas por los grupos ecologistas Greenpeace, Salvemos Mojácar y Levante Almeriense, entre otros, que inician procesos legales en su contra, el hotel se construye.
En septiembre de 2005, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Almería dictaminó que la licencia era "ilegal de pleno derecho" por tratarse de una zona protegida no urbanizable y por invadir la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas. Se inicia entonces un largo recorrido judicial en tribunales regionales y nacionales, con recursos de sentencias, sentencias en segunda instancia y la intervención hasta de la Audiencia Nacional, antes de llegar al Tribunal de Supremo.