El Gobierno se reúne hoy con representantes de los ayuntamientos para analizar su propuesta de reforma de la administración local, con la que quiere agilizar la estructura municipal y ahorrar unos 3.500 millones de euros.
Esta será la principal cuestión que estará sobre la mesa en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que será presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de julio el proyecto de ley de reforma de la administración local, que servirá para clarificar las competencias municipales y evitar las duplicidades y las "competencias impropias".
Además, en el marco de esta reforma se eliminarán las mancomunidades y se potenciará el papel de las diputaciones provinciales, que podrán gestionar servicios obligatorios y mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes.
El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local recoge los principios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y llevará consigo la supresión de 3.725 entidades locales menores, como las pedanías y las parroquias, que pasarán a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependen.
Otro de los puntos incluidos en este cambio en la vida municipal es la reducción del 30 por ciento del número de concejales, que pasarán de 68.578 a 47.240. En la reunión probablemente, según fuentes ministeriales, también se tratará el objetivo de déficit para los ayuntamientos para el próximo año, que debe ser el cero por ciento, según lo marcado por el Gobierno central.
La delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estará encabezada por su nuevo presidente, Íñigo de la Serna, que accedió a este cargo el pasado martes, en sustitución del alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.
El también alcalde de Santander llega a la reunión con la esperanza de que se flexibilicen los términos de esta reforma y con la intención de que "la opinión" de los municipios sea recogida en esta modificación de la administración local, como ocurrió con el caso del plan del pago a proveedores.
La FEMP está estudiando el texto con el que trabaja el Ejecutivo para plantear una "hoja de ruta" de acuerdo con las necesidades de los ayuntamientos.
El Gobierno inició el pasado 4 de junio las negociaciones con el PSOE sobre este proyecto, después del acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de consensuar una reforma de la administración.
No obstante, tras varios encuentros, el Ejecutivo y el PSOE se distanciaron en sus planteamientos, principalmente en aquel relativo al rol de las diputaciones provinciales.
Según han lamentado los socialistas, esta propuesta, a su juicio, supone abrir la puerta a la privatización de algunos servicios en el ámbito municipal.
También Izquierda Unida ha criticado esta reforma porque considera que este cambio en los ayuntamientos atenta contra el principio de autonomía local y relega al mundo municipal a un papel residual. E