Centenares de personas se han concentrado este sábado frente al madrileño Hospital Universitario Gregorio Marañón en contra de la exclusión sanitaria a personas que no residan en España de forma legal. En la concentración han participado diversas ONGs así como representantes políticos y sociales.
Pese a la negación por parte de Delegación de Gobierno de concentrarse en la misma acera del recinto sanitario público, los manifestantes han cortado el tráfico durante media hora y, tras acabar la lectura del manifiesto, han rodeado el hospital formando una cadena humana.
En declaraciones a los medios, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, ha criticado el Real Decreto de Ley que ha entrado este sábado en vigor, por el cual los ciudadanos que residan de forma ilegal en España no podrán disfrutar de la tarjeta sanitaria.
Según Menéndez, el Gobierno "ha destruido un modelo universal público", que a su juicio era "el mejor". Por ello, ha exigido al Gobierno "que rectifique y que nos devuelva a un modelo de sanidad universal y pública".
En alusión a la decisión adoptada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, la secretaria socialista ha asegurado que "no es justa". Según Menéndez, "no es cierto" que el sistema de salud vigente "no sea sostenible", por lo que "no es cierto que se vaya a ahorrar dinero". Por último, ha opinado sobre el apellido de la ministra de Sanidad, exclamando que "vaya apellido para una ministra de sanidad".
Por otro lado, la presidenta de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), Boti García, ha explicado que lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy es "tirar a la basura la sanidad pública", que la ha definido como "un derecho universal de toda la ciudadanía".
García ha lamentado que sean los inmigrantes los que vayan a sufrir las consecuencias de esta medida "ideológica", aunque también ha recordado que una parte del colectivo al que su federación representa también se ve "afectado".
Uno de los organizadores de la concentración y portavoz de Médicos del Mundo, Mario Pérez, ha asegurado que esta medida va a provocar una "saturación del servicio de urgencias y una asistencia más cara". Además, según este médico, cada vez hay más médicos "que están objetando" ante la entrada en vigor de esta norma.
Preguntado por la posibilidad de realizar más acciones para luchar contra este decreto, Pérez ha asegurado que irán "recogiendo testimonios y denunciando todos los casos que veamos de vulneración de derechos y de falta de asistencia".
Nuevas manifestaciones
Los convocantes también han llamado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas para el mes de septiembre, un calendario que este sábado supondrá manifestaciones en Lanzarote, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Madrid, donde tendrá lugar el acto central en la acera frente al Hospital Gregorio Marañón.
El día 13 de septiembre hay convocada además una acampada en los alrededores del Hospital La Paz (Madrid) en la que están involucrados tanto los colectivos de inmigrantes como el personal sanitario de la región. No obstante, las entidades afirman que se producirán más convocatorias, ya que "la lucha va a ser muy larga".
Postura de los médicos
La Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado este sábado una declaración en la que pide atender "en todo momento a todos" los pacientes, al tiempo que ha expresado su "confianza" en que las administraciones sanitarias "respeten el deber deontológico".
La OMC ha hecho pública esta declaración tras la celebración de su asamblea general, en la que han transmitido su posición respecto a la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España.
En el documento, esta asociación ofrece "orientaciones deontológicas ajustadas al marco de la profesión médica". Entre ellas la OMC descarta una posible "desobediencia civil" de los profesionales, así como el acogerse a la objeción de conciencia para no cumplir con la norma.
Por el contrario, pide al Gobierno "soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema" entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique "desconocer los efectos económicos que habrán de encontrar solución administrativamente".