El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a prisión al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al liquidador Ángel de Cabo y a otros seis implicados en el vaciamiento de Marsans, a los que ha impuesto fianzas históricas, que superan en conjunto los 112 millones de euros.
La mayor fianza fijada hasta el momento en España para salir de prisión, 50 millones de euros, ha sido para el empresario valenciano Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo.
Díaz Ferrán y la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, tendrán que abonar 30 millones de euros cada uno si quieren evitar la cárcel, la misma cuantía que se fijó al empresario Javier de la Rosa, en 1999, por el caso Torras y que hasta ahora era la mayor fianza establecida en España. El resto de los enviados a la cárcel (su cuñado Teodoro Garrido y los otros tres testaferros) tendrán que pagar 500.000 euros, mientras que la secretaria de De Cabo, Susana Mora, ha reducido su fianza a 3.000 euros -abonados ayer mismo- gracias a su "colaboración".
Sólo uno de los detenidos el lunes salió en libertad: Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda.
Díaz Ferrán, Mora y Tormo fueron los únicos que dieron su versión de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se acogieron a su derecho a no declarar. El contenido del auto de prisión de Díaz Ferrán reveló algunas de las claves del caso, entre ellas que el expresidente de la CEOE ha venido recibiendo desde 2010 un pago de 100.000 euros mensuales de De Cabo, que debían completar un total de 8 millones de euros, como contraprestación por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes personales. En concreto, apunta que el acuerdo implicaba traspasar "el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros, al entramado de este último creando una aparente insolvencia" del empresario, que se declaró en concurso de acreedores a finales de 2010.
Pero mientras Díaz Ferrán cobraba los 100.000 euros mensuales acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo (Aszendia), su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, "no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".
Estos pagos formarían parte de los 30 millones que el juez calcula que se sacaron de Marsans y que beneficiaron directamente a Díaz Ferrán en la "trama urdida" con Pascual y De Cabo para "maquinar operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores".
La "trama" de De Cabo utilizó un "elevado número de sociedades", con las que estaba directa o indirectamente vinculado y a las que desviaba "muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans" para aparentar insolvencia.
En total, el juez imputa cinco delitos al expresidente de la CEOE: alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Díaz Ferrán -que fue trasladado ayer a la prisión de Soto del Real negó ante el juez que tenga bienes en el extranjero -con la excepción de un apartamento en Nueva York- o dinero en paraísos fiscales y descargó las responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera Trapsa en su socio Pascual. También aseguró que en los últimos meses tuvo que vender bienes (lo que está prohibido en el marco de su concurso de acreedores como persona física) porque afrontaba una situación económica insostenible.