El Gobierno egipcio ordenó ayer a la policía que adopte "las medidas necesarias" para poner fin a las protestas de los partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi, en una nueva vuelta de tuerca en su presión contra los islamistas.
Tras una semana de amenazas más o menos veladas, las autoridades justificaron su resolución en que las acampadas de las plazas cairotas de Rabea al Adauiya y Al Nahda suponen "un peligro para la seguridad nacional y la paz social".
Reacios a claudicar, los dirigentes islamistas consultados por Efe aseguraron que seguirán atrincherados en dichas plazas y pidieron a la comunidad internacional que evite nuevas matanzas de manifestantes.
Las fuerzas de orden llevarán a cabo una operación "gradual y de acuerdo a la ley", informó un responsable del Ministerio del Interior a la agencia oficial Mena, sin especificar cuándo se efectuará dicha acción.
Según la fuente, primero lanzarán advertencias, y si esto no surte efecto usaran gases lacrimógenos para disolver las acampadas, pudiendo recurrir al derecho a defenderse en caso de violencia.
La decisión se basa en "la gran autorización del pueblo en el trato con el terrorismo y la violencia", afirmó la ministra de Información, Dorreya Sharafedin, al término de una reunión del Ejecutivo.
Sharafedin hizo así alusión a que decenas de miles de personas secundaron el pasado viernes la convocatoria del jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, que pidió el apoyo popular a eventuales medidas contra estas lacras.
Para el Gobierno, "la violencia y el terrorismo amenazan con derrumbar la patria", por lo que es "inaceptable" la continuación de las protestas.
El pasado 27 de julio, el titular del Interior, Mohamed Ibrahim, ya advirtió de que desmantelarían "muy pronto" las acampadas y que querían contar con "una cobertura jurídica".
Los islamistas se mostraron de nuevo desafiantes. El portavoz de la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, Ahmed Nashar, dijo a Efe que "resistirán de modo pacífico" en Rabea al Adauiya y Al Nahda.