El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha paralizado cautelarmente hasta el 29 de octubre el desalojo previsto para ayer miércoles de un bloque de viviendas de Salt, propiedad de la Sareb, ocupado desde marzo y en el que viven 43 personas -21 adultos y 22 niños-.
Lo ha hecho después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentara un recurso ante el tribunal europeo, que ha aplazado el desalojo como mínimo hasta dentro de dos semanas, según informó la plataforma.
La Coste de Estrasburgo precisó que la paralización provisional del desahucio en Salt (s sólo afectan a 2 familias y a 9 personaso.
Una fuente del tribunal dijo a Efe que la citada medida no afecta a la totalidad de las 16 familias y 43 personas, de origen gambiano, marroquí y español, que habitan en el edificio afectado, como había indicado uno de sus abogados.
El abogado de la defensa, Benet Salellas, señaló que Estrasburgo ha pedido al Gobierno central «qué medidas piensa tomar» con las personas que viven en el edificio si finalmente son desalojadas y le ha dado hasta el 24 de octubre para dar una respuesta.
Salellas celebró esta medida cautelar del tribunal europeo --que es la primera vez que se produce en España sobre un bloque ocupado por la PAH-- y subrayó que se ha creado un «precedente» por vía penal que puede ayudar a paralizar otras situaciones similares al edificio de Salt.
El representante de la Obra Social de la PAH, Guillem Domingo, destacó, por su parte, la movilización que se llevado a cabo para evitar el desalojo del bloque, puesto que 700 personas pasaron la noche en el edificio y cerca de un millar se concentraron ayer por la mañana delante del inmueble.
Domingo añadió que el Tribunal de Estrasburgo ha manifestado que no se han respetado las garantías de las 43 personas que habitan en el bloque de Salt, y ha asegurado que el desalojo significaba «una situación escandalosa para los derechos humanos» porque los residentes no disponen de ningún otro hogar donde poder vivir.
También indicó que se tiene que resolver la problemática sobre la vivienda y afirmó que la Sareb, propietario del edificio de Salt, se merecía esta posición del tribunal europeo por su «actitud antisocial».