La tarifa eléctrica a la que están acogidos casi veinte millones de consumidores podría subir en torno a un 11 % en enero si se valida el resultado de la subasta de energía celebrada ayer, que el Gobierno ha pedido investigar al sospechar de «manipulación» y «falta de competencia».
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró ayer «inaceptable» este encarecimiento y, por ello, el Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice la puja, lo que podría llevar a su invalidación.
La subasta Cesur celebrada ayer, donde se compra y vende la electricidad para abastecer a los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) durante el primer trimestre de 2014, cerró con un encarecimiento del 25,6 %, unos datos que todavía tienen que ser validados por la CNMC.
Este encarecimiento repercute directamente en una subida de la tarifa del 10,5 %, a la que habría que agregar «algo menos de un 1 %» en concepto de peajes, es decir, la parte que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución, primas renovables y ayudas al carbón, entre muchos otros).
El sector justifica este repunte del componente energético porque en los próximos meses se espera una mayor demanda y una menor producción tanto eólica como hidráulica, que normalmente abaratan el mercado, así como por el encarecimiento del gas natural.
Sin embargo, el Gobierno advierte que el resultado de la subasta no se corresponde con los precios que avanzaban los mercados de futuros, por lo que «cree que ha habido falta de competencia», algo que desvelará en 24 horas el informe de la Comisión.
«Espero y deseo que (este repunte) sea frenado», defendió Soria, al tiempo que insistió en la necesidad de esperar al informe antes de desvelar posibles actuaciones.
El posible repunte en la tarifa contó con las críticas de los grupos de la oposición, que lo tildadron de «barbaridad» y «saqueo» porque va a afectar a las familias y a las empresas españolas.
Las asociaciones de consumidores criticaron la subida de la luz y pidieron al Gobierno que recupere la potestad de regular los precios de la tarifa de último recurso.