El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al director general de Economía, Pablo Abejas, con motivo del caso de las tarjetas «opacas» empleadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha anunciado esta medida de González, que además ha instado al patronato de la Fundación Caja Madrid a que su actual presidenta, Carmen Cafranga, abandone el ejercicio de su cargo, ya que al no ser un nombramiento directo el Ejecutivo no la puede cesar.
La decisión del cese de Abejas y la petición de que Cafranga deje su puesto las ha tomado el Gobierno regional después de que los nombres de ambos hayan aparecido en la lista de 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- que se beneficiaron de estas tarjetas.
Victoria ha dicho que desconocía «absolutamente» la existencia de esas tarjetas, y ha remarcado que la Comunidad de Madrid «carece de ninguna competencia» sobre la supervisión financiera de Bankia o de Caja Madrid, competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda o al Banco de España, ha añadido.
Aunque ha dicho respetar el derecho a la defensa de los usuarios de estas tarjetas, ha subrayado que deberán justificar «su buen uso y su adecuado destino a los gastos de representación a los que estaban ligadas», y en el caso de que no puedan justificarlos, ha considerado que deberían proceder a «la devolución de las cantidades y a la asunción de las responsabilidades que correspondan».
Salvador Victoria no ha querido opinar sobre las medidas que deben tomar el resto de partidos políticos o sindicatos que cuentan con consejeros en Bankia que aparecen en el listado de beneficiaros de estas tarjetas opacas, medidas que corresponde decidir a los titulares de las mismas y a los organismos o partidos a los que pertenecen.
«El resto de instancias u organismos tendrán que dar explicaciones de lo que hacen o no hacen», ha añadido, antes de repetir que la Comunidad de Madrid ignora «cualquier asunto» vinculado a esta cuestión puesto que «carece de competencias y de supervisión» en la materia.