La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunirá este miércoles en una sesión plenaria para admitir si admite o no a trámite las dos demandas de paternidad que el catalán Alberto Solá Jiménez y la belga Ingrid Sartiau han presentado contra el Rey don Juan Carlos.
Los doce magistrados de la Sala Primera analizarán las demandas así como los informes de la Fiscalía contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Ministerio Público esgrime este precepto que estipula que «en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde». Considera ilícita una supuesta prueba que fue confrontada por un antiguo perito del CSID y corrobora la identidad del progenitor, según la defensa de Solá.
El presidente de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, elevó al Pleno el pasado diciembre la resolución de las dos demandas planteadas contra el padre de Felipe VI tras la entrada en vigor de la ley que regula el aforamiento del monarca saliente.
Solá, que asegura ser el primogénito de don Juan Carlos, presentó en junio la Audiencia de Madrid una demanda acompañada de una prueba de ADN con una «fiabilidad superior al 99,9 por ciento». La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación de don Juan Carlos como jefe de Estado.
El abogado de Solá, Francesc Bueno, pedía que si esta prueba no es admitida se realice otra y se llame a declarar como testigo al perito que ha analizado su fiabilidad. El fiscal José María Paz la calificó como una «mera hipótesis», que no aporta el principio de prueba de filiación que exige la ley.
Solá defiende que el rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Solá, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.
Demanda de una ciudad belga
Por su parte, la defensa de la ciudadana belga Ingrid Sartiau aportó al Supremo una carta remitida a la Casa Real el 24 de abril de 2013 en la que esta mujer lamenta haber acudido a la vía judicial para solventar su filiación paterna y afirma haber sido presionada por Solá «y por los medios».
«Y por eso no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez *qué demanda admitimos? La de Ingrid o la de Alberto, y la consecuencia lógica es que ninguna de las dos, pues no aportan ninguna el principio de prueba exigido por el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», concluye la Fiscalía.
La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que iba a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español.
El abogado amplió sus alegaciones tras la abdicación de don Juan Carlos y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los «términos rotundos» de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos «inmediatamente» al alto tribunal.