El instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo ha citado como imputados a los cinco aforados implicados en la causa, entre ellos los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para fechas comprendidas entre el 7 y el 21 de abril.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro ha notificado hoy las citaciones (comparecencias voluntarias para decidir si se pide o no el suplicatorio) para las siguientes fechas: 7 de abril, José Antonio Viera; 9 abril, José Antonio Griñán; 14 de abril, Manuel Chaves; 16 de abril, Gaspar Zarrías, y 21 de abril, Mar Moreno.
La convocatoria de elecciones andaluzas para el 22 de marzo ha llevado de este modo al instructor, como informaron a Efe fuentes del alto tribunal, a aplazar las citaciones que, en principio, había previsto para febrero.
Por otro lado, según las mismas fuentes del alto tribunal, la condición como imputados de las cinco personas aforadas que han sido citadas se produce porque no tendría sentido que lo hicieran como testigos y porque ellos mismos se han prestado a ello voluntariamente.
La intención de los aforados para declarar voluntariamente es disipar dudas y evitar que se pida el suplicatorio al Parlamento para abrir una causa contra ellos, según las mismas fuentes.
Los aforados citados lo son porque tienen acta de diputados, en el caso de los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán y de los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y como senadora, en el caso de Mar Moreno.
En la misma providencia el magistrado toma distintas iniciativas para pedir información a los peritos de la Intervención General del Estado y a la Junta de Andalucía en torno a la tramitación de las ayudas investigadas y su integración en los presupuestos comprendidos entre los años 2000 a 2012.
De este modo, por un lado pide a los peritos de la intervención que amplíen su informe para contraponer sus tesis a las expresadas por la defensa de Griñán en otro escrito.
Además, pide a los mismos peritos que le informen sobre las sesiones de la Comisión de Viceconsejeros, presididas por el consejero de Presidencia, para disponer de información sobre estas sesiones a las que, recuerda Barreiro, el imputado Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta, se refirió como «consejillos».
Así, el magistrado quiere conocer «los temas que se trataban en las mismas relativos a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía».
Además, Barreiro libra oficio a la Junta de Andalucía para que aporte documentos firmados por altos cargos de la Junta que hayan sido remitidos a la Consejería de Economía y Hacienda para los presupuestos del período 2000-2012.
Así mismo, pide a la Junta que aporte documentos firmados por las personas que dirigían la agencia IFA-IDEA y que fueran destinados a la Consejería de Empleo y a la Consejería de Innovación en el mismo período (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, una de las concesionarias de las ayudas investigadas).
Además, libra oficio a la Junta para que aporte a la causa «la documentación acreditativa de la entrada en la Consejería de Economía y Hacienda de documentos referidos en los dos párrafos anteriores», dice también el magistrado en su providencia de hoy.
Pide también a la Junta los escritos mediante los cuales el consejero de Economía y Hacienda remitió el anteproyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para cada uno de los años correspondientes al período citado.
Y también pide la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía en los que se decidió remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos al Parlamento de Andalucía en el período citado.