La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes la libertad con medidas cautelares para el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, investigado por el delito de sedición, según han informado fuentes jurídicas.
Así, le ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable «inmediatamente», e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.
Así lo ha decidido la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 después de tomar declaración durante casi dos horas a Trapero y a la vista de las informaciones aportadas por la Guardia Civil en los atestados sobre los incidentes acaecidos en Catalunya los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre durante el referéndum independentista.
La magistrada, por tanto, no ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado prisión incondicional para el mayor de la policía catalana.
Antes de Trapero ha declarado la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, para quien la magistrada ha impuesto, por el mismo delito, la medida cautelar de comparecer cada quince días ante el juez, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.
En el caso de Laplana, la jueza Lamela ha rechazado la medida solicitada por la Fiscalía, que consistía en la imposición de una fianza de 40.000 euros para poder eludir la medida de prisión preventiva.
También está pendiente la declaración este lunes de los los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes también están imputados por sedición.
Se trata de la segunda ocasión en la que todos ellos acuden a la Audiencia Nacional en calidad de investigados ante los nuevos datos que aportaron los atestados de la Guardia Civil entregados a la juez Lamela pocas horas antes de su primera comparecencia el pasado 6 de octubre, lo que motivó que fueran citados de nuevo.
Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada había citado este lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y la letrada de la administración de justicia -antiguamente denominada secretaria judicial- del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ordenó los registros el 20 de septiembre que motivaron las movilizaciones donde se registraron los incidentes. Los tres testigos han sido los primeros en declarar ante la magistrada.
Concretamente, el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional establece dos comités en el camino hacia la independencia, uno estratégico, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.