El PSOE quiere que el Gobierno promueva la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, por entender que «enaltece y exalta la dictadura», y para ello ha presentado una moción en el Senado que insta a la Abogacía General del Estado a elaborar un informe sobre las posibilidades de extinguirla.
El grupo parlamentario socialista en la Cámara Alta ha anunciado esta iniciativa después de que la fundación difundiera este lunes un tuit para conmemorar el final de la Guerra Civil del 1 de abril de 1939 bajo la expresión «Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida», acompañado de un vídeo con imágenes del dictador.
Quiere el PSOE que la Comisión Constitucional del Senado pida al Gobierno que encargue a los servicios jurídicos de la Administración General del Estado un informe para determinar si la Fundación Francisco Franco «debe extinguirse como tal» por no cumplir con los preceptos de la Ley de Fundaciones y también «por ser contraria a la Constitución» y a la Ley de Memoria Histórica.
En su exposición de motivos se asegura que las actividades de esta entidad van «en contra» de los principios fijados en la Ley de Fundaciones, como la promoción de los derechos constitucionales, de los principios democráticos, los derechos humanos o el «fortalecimiento institucional».
«No parece muy lógico que se adecúe a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, proyecta su ideario sobre la sociedad española y defiende la vulneración de los derechos humanos que aquella llevó a término», sostiene la moción socialista.
Además, llama la atención sobre el hecho de que haya convertido su fin fundacional «en un fin ilícito, por vulnerar el derecho legalmente reconocido a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho».
Y recuerda que la Fundación Francisco Franco «ofrece sus servicios» a ayuntamientos y particulares para «ayudar a incumplir» la Ley de Memoria Histórica y «hacer apología del Franquismo y de sus flagrantes vulneraciones de los derechos humanos».
En suma, el PSOE pretende que la Abogacía del Estado analice si esta fundación debe extinguirse, si incumple con la ley con su actividades, se adecúa a la legislación en materia de secretos oficiales y si cumple con la obligación de permitir el acceso a sus archivos, para cuyo mantenimiento recibe dinero público.
Si el dictamen fuera favorable a su extinción, la moción propone que se den los pasos para llevarla a cabo, y si determinara que incumple la ley, reclama que se hagan las gestiones necesarias para «restablecer la legalidad» y exigir responsabilidades.
También hace notar el PSOE del Senado que «pesan dudas» sobre si con la documentación que tiene en su poder la entidad se cumple la normativa sobre secretos oficiales a la hora de dar publicidad a los archivos históricos y pide medidas para solventarlo.
La moción apuesta además por reformar la Ley de Fundaciones, de manera que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente «fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo».
Su ilegalización estaba también incluida en el texto de una proposición no de ley para la reforma de Ley de Memoria Histórica presentada por el PSOE en el Congreso, y cuya tramitación fue vetada por el Gobierno.