El jefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, teniente general Ángel Gozalo, ha resaltado este jueves que la «sombra de duda» sobre la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra fuesen a cumplir la orden judicial de impedir la votación comenzó ya a mediados de septiembre, cuando la Policía Nacional y el Instituto Armado participaron en otras operaciones relacionadas con la prohibición.
Durante su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo, Gozalo ha citado dos ejemplos: el registro en Unipost el 19 de septiembre, cuando los Mossos tardaron 40 minutos en responder a la petición de ayuda y aún más en aportar efectivos, y el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, cuando no intervinieron para acordonar la zona.
Fue tras esos dos incidentes cuando, según el teniente general, se dieron cuenta de que algo estaba «fallando». «Todo sumaba», ha remarcado tras relatar los acontecimientos que les llevaron a dudar del compromiso de los Mossos para impedir la celebración del referéndum.
Según su versión, esta actitud de la policía autonómica se vio después el 1 de octubre, cuando los agentes mostraron una «actitud de pasividad» e incluso en algunos casos puntuales ofrecieron «alguna resistencia», lo cual fue incorporado a los atestados de Policía Nacional y Guardia Civil.
Además, ha asegurado que los policías y guardias civiles se percataron de que en los alrededores de los locales de votación hubo vehículos de los Mossos «tomando referencias de salidas» para informar de los «movimientos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ya desde las primeras horas del 1 de octubre se pudo observar, según este testigo, que había muchas personas en los puntos de votación y en algunos no se contaba siquiera con presencia de los Mossos. «En otros sí había presencia, aunque con una una equipacíón no adecuada, bajo mi punto de vista, para el cumplimiento de la misión», ha explicado.
TALLERES CON LENGUAJE «PREBÉLICO» DE LOS CDR
Durante el interrogatorio realizado por el fiscal Fidel Cadena, el teniente general Gozalo se ha referido también a los autodenomínados Comités de Defensa de la República (CDR), que según la información de que dispone realizaban en los días previos al 1-O «talleres de orientación teórico-práctica» dirigidos a defender las urnas en los que se utilizaba un lenguaje «prebélico».
La acusación popular que ejerce Vox ha preguntado si podía aclarar si este lenguaje tuvo su traslado en la resistencia que se vio en los locales de votación, lo que ha provocado la queja de uno de los abogados de la defensa, Jordi Pina, ya que consideraba que se le estaba pidiendo una opinión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha aclarado que lo que se le pedía al teniente general es que concretara a qué se refería con ese «vocablo sugerente o plástico».
En este sentido, Gozalo ha explicado que su intención al hablar de lenguaje «prebélico» es describir que en esos «talleres» de los CDR se hablaba de hacer una «defensa» de los colegios como si hubiese un ataque a los mismos.
En cuanto a la actitud de los ciudadanos durante el referéndum, Gozalo ha detallado que la Guardia Civil se encontró en la mañana del 1 de octubre a personas «en actitud de resistencia que mutaba en un grado mayor de virulencia» hacia los agentes, con «empujones, insultos y lanzamiento de objetos».
En total, la Guardia Civil realizó un total de 71 intervenciones, de las que una veintena fueron por tema menor, «pero en el resto la respuesta» que se vieron «obligados a dar fue más determinada». En total sufrieron lesiones un total de 55 agentes del Instituto Armado, de los que cinco tuvieron que ser baja para el servicio.
«HABÍA GANAS A LA GUARDIA CIVIL»
En opinión de Gozalo, «había ganas a la Guardia Civil» por estar llevando a cabo labores de policia judicial. Ante el interés mostrado por el fiscal respecto a este asunto, el mando ha señalado el caso de un agente en particular que «cayó al suelo y recibió patadas», así como lo ocurrido en Ponts (Lleida), donde se les lanzaron piedras.
Pero eso sí, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, el teniente general ha afirmado que, por lo que él sabe, «no se detectó a nadie que ordenara» los ataques a los agentes que intervenían en los colegios, a diferencia de su predecesor en la testifical, el jefe de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, el comisario Sebastián Trapote, quien ha asegurado que todo estaba «perfectamente organizado», pues los manifestantes «sabían cómo tenían que hacer la resistencia», organizando «cadenas humanas», bloqueando el paso de los agentes o agrediéndoles y empujándoles.
DISPOSITIVO PARA UNAS ELECCIONES CONVENCIONALES
En lo que sí han coincidido Trapote y Gozalo es en que el entonces jefe de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero, había mostrado desde el principio sus reticencias al nombramiento del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo policial para el 1-O y que entregó al fiscal superior de Cataluña un plan de actuación para ese día más propio de unas «elecciones convencionales» que de una votación declarada ilegal.
Ambos han declarado que el fiscal se lo hizo saber a Trapero, pero ninguno de los dos sabe si ese plan finalmente fue modificado. Lo que sí han manifestado los dos es que a las reuniones que convocó Pérez de los Cobos, más centradas en el plano operativo de cara al 1-O, no asistió el mayor de los Mossos y que en su lugar envió a su entonces número dos, Ferrán López, quien no les hizo constar en ningún momento reticencias por parte de la policía autonómica para cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum.