Cataluña ha recibido este sábado una nueva entrega, la séptima, de los llamados «Papeles de Salamanca», consistentes en un conjunto de documentación privada formada por 26 fondos documentales que el Archivo Nacional de Cataluña analizará con el objetivo de restituirlos a sus legítimos titulares.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa; el director de este archivo, Francesc Balada, y el presidente de la llamada Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, han estado presentes en este acto de recepción de la documentación en la sede del Archivo Nacional de Cataluña, situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Según detalló recientemente el departamento de Cultura de la Generalitat, esta documentación confiscada en 1939 corresponde a ocho entidades y asociaciones, nueve particulares y empresas, así como a diez partidos y sindicatos. El envío también incluye 68 agrupaciones documentales de menor entidad.
La consellera de Cultura ha asegurado que el envío «llega tarde» y que todavía «falta camino por recorrer», aunque se ve «más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana» de Cataluña.
«Es un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades, pero sobre todo es un acto imprescindible para un Estado que se proclama progresista. Reclamamos la restitución completa y continuamos trabajando para ello», ha añadido Ponsa.
Se trata de documentación de personas físicas y jurídicas, algunas de las cuales ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, la UGT, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética de Cataluña (AUS), el Socorro Rojo Internacional (SRI) de Cataluña, la Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) de Cataluña, la Compañía de Jesús, el militar y abogado Antoni Aymat Mareca o el conseller de Sanidad de la Generalitat entre 1931-1932, Josep Jové i Sarroca.
Una vez recibida la documentación, el departamento de Cultura, a través del Archivo Nacional de Cataluña, realizará los trabajos necesarios para identificar, localizar e informar a los titulares.
De este modo, se da continuidad a la labor iniciada a partir de las seis entregas anteriores realizadas por el Ministerio de Cultura entre 2008 y 2014.
Entre 2012 y 2015, la Generalitat restituyó los primeros 17 fondos documentales a titulares conocidos, que los reclamaban desde hacía muchos años.