Un mes después de entrar en España para ser hospitalizado por COVID-19, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se somete este martes por primera vez a las preguntas de un juez de la Audiencia Nacional, que investiga dos querellas contra él por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad.
Otros magistrados de este tribunal ya intentaron interrogarle en 2016 y 2019, al tener constancia de que el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tenía previsto acudir a España, pero nunca consiguieron que se sentase ante la Justicia al no poder localizarle.
El juez Santiago Pedraz lo volverá a intentar este martes, cuando tiene previsto tomarle declaración vía telemática por dos querellas interpuestas contra él por presuntas torturas de miembros del Frente Polisario contra la población saharahui disidente en los campos de Tindouf (Argelia).
Ghali, de 72 años, declarará por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño, donde ingresó hace un mes tras entrar a España con una identidad falsa para ser hospitalizado por COVID-19, provocando una crisis sin precedentes con Marruecos, que se agudizó con la entrada masiva e irregular de entre 8.000 y 10.000 personas -unas 2.000 menores- a Ceuta.
En el plano judicial, la entrada de Ghali, que evoluciona en el hospital de forma favorable, supuso que el juez reabriese dos causas contra él: la del activista Fadel Mihdi Breica, y la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh).
Breica, ciudadano español de origen saharaui, se querelló contra Ghali y otros miembros del Polisario por presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019 por parte de militares. Pide investigar delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.
Ghali está citado a las 10.00 horas para responder sobre esta querella y más tarde lo hará por la segunda, impulsada por ASADEH en 2008 y que se acabó archivando en 2020 ante la falta de respuesta de Argelia a una petición cursada tres años antes.
La querella, interpuesta por delitos de genocidio, asesinato, terrorismo, torturas y desapariciones, entre otros, denuncia el trato sufrido en Tinduf «por los prisioneros de guerra» y por ciudadanos saharauis, «especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario», organización a la que se acusaba de «retener contra su voluntad a miles de saharauis (...) con la complicidad de las autoridades de Argel».
Tras contestar a las preguntas de las partes, las acusaciones prevén solicitar medidas cautelares contra Ghali para asegurar su permanencia ante la Justicia española, según informan fuentes jurídicas consultadas por Efe y tal como han hecho a lo largo de este mes, en el que han solicitado sin éxito desde la retirada del pasaporte hasta prisión para evitar que se fugase.
Al denegar una de estas peticiones, el juez dejó constancia de que no existen «indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella» de ASADEH.
En un principio Ghali se negó a firmar su citación ante el juez y adujo necesitar consultarlo con la embajada argelina, pero finalmente se le notificó y acabó designando un abogado, el especialista en Derecho Penal Internacional Manuel Ollé.
El pasado 25 de mayo, fuentes saharauis confirmaron a Efe que Ghali había aceptado declarar por vía telemática porque «respeta a la Justicia española y porque quiere desmontar la estrategia de Marruecos de criminalizar al líder del Frente Polisario», puesto que la querella ha sido «impulsada por Rabat para crear un conflicto a España y el Frente Polisario».
Fuentes jurídicas han garantizado a Efe que la declaración será «segura» y se realizará «con todas las garantías».