La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que no corresponde al Ejecutivo si el rey emérito debe volver o no a España porque es él quien debe decidirlo y, en todo caso, serán «respetuosos» con la decisión que se adopte al respecto en la Casa Real. Después de que la Fiscalía de Ginebra haya archivado la investigación en torno a una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I por hacer presuntamente de intermediario en la construcción del AVE entre La Meca y Medin, Rodríguez también ha recalcado la autonomía que tiene ahora la Fiscalía General del Estado para actuar.
«La Fiscalía es autónoma y el Gobierno no puede manifestarse ni debe manifestarse al respecto», ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que ha señalado que desconoce si el archivo de la Fiscalía suiza tendrá consecuencias en las diligencias que siguen abiertas en la Fiscalía de España. En el mismo sentido, el PSOE asegura que si no hay impedimento es Juan Carlos I el que debe tomar una decisión y recuerda que de momento no ha trasladado públicamente «su deseo, voluntad o confirmación» de venir a España. «Y respetamos ese silencio», ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, al tiempo que fuentes de Moncloa aseguran que no ha habido ningún contacto con Zarzuela para comentar posibles detalles logísticos sobre una hipotética vuelta y su residencia.
Lo cierto es que la incertidumbre sobre el posible regreso del rey emérito ha distanciado los posicionamientos políticos. Así, mientras los socialistas manifiestan su respeto tanto por las decisiones judiciales como por las que pueda mostrar Juan Carlos I, el PP, Vox y Cs recalcan que es un ciudadano libre para regresar a su país cuando quiera mientras que la izquierda le propone que vuelva pero para ser juzgado o para vivir en un barrio obrero. ERC lo tiene claro y ha lanzado su propuesta: «Si quiere volver a España que viva en un piso de 60 metros cuadrados, en un barrio obrero y cobre la pensión mínima contributiva, para que conozca otra realidad, que es la de la inmensa mayoría de la población», puntualizaba su portavoz, Gabriel Rufián. «Hay un problema de ética, más allá de las investigaciones judiciales que son y serán múltiples», ha dicho tras preguntarse si «es ético que un monarca reciba 65 millones de euros de un rey saudí o si es ético que estos millones se repartan en cuentas en paraísos fiscales». Otras formaciones como JxCat esperan que se le juzgue porque ha robado el dinero de «muchos españoles», mientras que Unidas Podemos critica la «impunidad» que tiene la Jefatura del Estado en España y reitera su petición de investigarle en sede parlamentaria.
También el BNG considera que el archivo de la investigación en Suiza no permite «limpiar el nombre de los Borbones ni tapar la corrupción generaliza de la Casa Real» y su diputado Néstor Rego ha puntualizado que no se ha dicho que no existan comisiones por el AVE, sino que no hay datos suficientes. Y mientras algunos partidos de izquierda tildan la monarquía de «anacronía», los partidos de la derecha respaldan la figura del rey emérito y algunas formaciones como Vox aseguran que en el futuro habrá una «reconstrucción» de la historia de Juan Carlos I porque ha sido una de «las figuras más importantes del siglo XX". Ciudadanos avisa de que no será él quien le diga al rey emérito lo que tenga que hacer y coincide con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha recalcado que el monarca es un ciudadano español que puede venir a su país "cuándo y cómo quiera" y ha censurado ataques en su contra que persiguen debilitar la monarquía y el orden constitucional.